Un total de diez integrantes del gabinete encabezado por Luis Arroyo consignaron en sus declaraciones juradas la existencia de investigaciones fiscales o procesos judiciales en trámite, según documentos oficiales presentados para asumir funciones. La información revela que varios titulares de sectores clave enfrentan indagaciones por presuntos delitos como corrupción, colusión, lavado de activos y abuso de autoridad.

Entre los casos más relevantes figura el del ministro de Economía, Rodolfo Acuña, quien reportó una investigación por presunto lavado de activos. A su vez, el titular de Justicia, Luis Jiménez, declaró investigaciones por negociación incompatible y colusión.

En el sector Vivienda, el ministro Wilder Sifuentes informó sobre dos investigaciones: una por formas agravadas de usurpación y otra por negociación incompatible. El funcionario señaló que ambas denuncias están vinculadas a gestiones anteriores y confió en que serán archivadas.

Por su parte, el ministro de Salud, Juan Velasco, consignó una carpeta fiscal por presunta negociación incompatible. En tanto, el titular de Trabajo, Óscar Fernández, reportó investigaciones por presunto fraude procesal, omisión ilegal y abuso de autoridad, además de una segunda por omisión ilegal y colusión.

La ministra del Ambiente, Nelly Paredes, declaró una investigación por omisión ilegal de funciones. En la misma línea, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, reportó una indagación por presunta corrupción de funcionarios. El titular de Transportes, Aldo Prieto, consignó una carpeta fiscal por supuesto abuso de autoridad.

Finalmente, los ministros del Interior y Defensa, José Zapata y Carlos Díaz, respectivamente, confirmaron tener procesos en curso, aunque indicaron que brindarán mayores detalles en adelante.

Cabe señalar que el propio jefe del gabinete, Luis Arroyo, reportó cuatro investigaciones archivadas por presuntos delitos como abuso de autoridad, exceso en el ejercicio del cargo y falsedad.

La revelación de estos antecedentes ocurre en un contexto de alta exigencia ciudadana por transparencia y probidad en la gestión pública, lo que podría marcar el inicio de una etapa de mayor escrutinio político sobre el Ejecutivo.