Por: Carlos Meneses

El Perú enfrenta, entonces, una encrucijada. Persistir en este modelo de poderes desbalanceados y representación fragmentada solo prolongará la inestabilidad. Corregir el rumbo exige reformas realistas, pero también responsabilidad política y ciudadana. De lo contrario, el país seguirá atrapado en un ciclo donde el poder se disputa, pero no se ejerce con eficacia.

Las declaraciones del exvicepresidente del Congreso, Luis Roel Alva no solo describen la coyuntura política actual, sino que exponen una de las tensiones más delicadas del sistema democrático peruano: el progresivo desplazamiento del poder hacia el Legislativo en desmedro del Ejecutivo. Su advertencia sobre un “parlamentarismo atenuado” no es menor. Es, en realidad, el síntoma de un modelo institucional que ha dejado de funcionar como fue concebido.

En teoría, el Perú mantiene un sistema presidencialista. Sin embargo, en la práctica, como bien señala Roel Alva, el Ejecutivo ha perdido margen de maniobra. La designación de ministros, la permanencia de los gabinetes y hasta la orientación de las políticas públicas parecen cada vez más condicionadas por las dinámicas del Congreso. Esta distorsión no solo rompe el equilibrio de poderes, sino que instala una lógica de negociación permanente que debilita la gestión pública.

El problema no radica en la fiscalización —función legítima del Parlamento—, sino en su intromisión directa en decisiones que corresponden al Ejecutivo. Cuando el voto de confianza se convierte en un mecanismo de presión constante, deja de ser un instrumento de control democrático y pasa a ser una herramienta de condicionamiento político. El resultado es un gobierno que administra crisis en lugar de gobernar con visión de largo plazo.

Este escenario se agrava en un contexto preelectoral. La cercanía de los comicios de 2026 intensifica las tensiones y convierte cada decisión en un cálculo político. Los cambios en el gabinete, lejos de responder a criterios técnicos o estratégicos, terminan siendo respuestas a presiones coyunturales. Así, la inestabilidad deja de ser una excepción y se convierte en regla.

Pero el diagnóstico va más allá del enfrentamiento entre poderes. La fragmentación del sistema de partidos es otro factor determinante. La proliferación de organizaciones sin identidad ni estructura sólida no solo debilita la representación, sino que traslada esa dispersión al Congreso, haciendo más compleja la construcción de consensos. En ese contexto, fenómenos como el transfuguismo erosionan aún más la confianza ciudadana.

La eventual implementación de la bicameralidad en 2026 podría aportar mejoras en el proceso legislativo, pero no resolverá el problema de fondo. Como advierte Roel Alva, las instituciones son tan sólidas como las personas que las integran. Sin liderazgo político, sin partidos estructurados y sin un electorado informado, cualquier reforma será insuficiente.