EN PLENA CAMPAÑA ELECTORAL

Congresistas dan el zarpazo a favor de la minería

informal para que se hagan de las concesiones

El dictamen impulsa un modelo de “propiedad social” en la pequeña minería, promoviendo cooperativas para acceder a concesiones. Además, modifica reglas clave del sector, elevando costos, reduciendo plazos y debilitando la seguridad jurídica.

Por Jorge Turpo R.

Mientras la atención pública se concentra en el tramo final de la campaña electoral, en el Congreso avanza una reforma que podría reconfigurar el mapa de la minería en el país.

La Comisión de Energía y Minas aprobó un dictamen que introduce cambios sustanciales en el régimen de concesiones, abriendo un escenario que, según críticos, favorece indirectamente a la minería informal.

El grupo de trabajo, presidido por Víctor Cutipa Ccama, congresista de Juntos por el Perú, aceleró la aprobación del texto al agrupar nueve proyectos de ley en una sola propuesta. Todo indica que el dictamen podría ser ratificado por el Pleno en las próximas semanas.

La iniciativa recoge varios planteamientos del plan de gobierno de Juntos por el Perú, que postula a la presidencia a Roberto Sánchez, quien ha defendido públicamente a los mineros informales.

En ese documento se propone instaurar un modelo de “propiedad social” en la pequeña minería y minería artesanal, promoviendo la organización en cooperativas.

Uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad de que concesiones extinguidas pasen al control del Estado para luego ser entregadas a pequeños mineros organizados.

En la práctica, especialistas advierten que esto podría facilitar el acceso de actores informales a áreas previamente concesionadas, sin resolver los problemas estructurales de ilegalidad.

La congresista por Arequipa, Diana Gonzales, fue una de las voces más críticas durante el debate. Denunció un presunto direccionamiento político en la agenda de la comisión y cuestionó el trasfondo ideológico del dictamen.

“Actuar al margen de la ley no es emprender. Los mineros ilegales contaminan, evaden impuestos, precarizan el trabajo y amparan la trata de personas. Este absurdo dictamen busca satisfacer caprichos ideológicos”, afirmó.

CAMBIOS EN EL SISTEMA

El texto aprobado no se limita a promover un nuevo esquema organizativo para la pequeña minería. También introduce modificaciones profundas en las reglas de juego para toda la actividad minera formal.

Uno de los cambios más sensibles es la eliminación del carácter prácticamente irrevocable de las concesiones.

Hasta ahora, estas solo podían revertirse si el titular incumplía obligaciones específicas.

Con la nueva propuesta, la autoridad administrativa podría revocarlas con mayor discrecionalidad, lo que genera incertidumbre jurídica.

A esto se suma el incremento de los costos. El dictamen eleva hasta en 300 % el derecho de vigencia de las concesiones y aumenta en 400 % las penalidades por no acreditar producción o inversión mínima. Paralelamente, reduce de 30 a 15 años el plazo para iniciar la producción.

Este último punto ha encendido las alertas en el sector. El desarrollo de un proyecto minero, desde la exploración hasta la operación, puede tomar entre 25 y 45 años. Solo la fase exploratoria, en muchos casos, supera los 18 años.

Reducir los plazos sin considerar esta complejidad podría hacer inviables numerosos proyectos formales.

El dictamen también obliga a las empresas a presentar un plan quinquenal de trabajo e inversión desde las primeras etapas de exploración, cuando aún no existen certezas geológicas. Para expertos, esta exigencia carece de sustento técnico y podría desalentar nuevas inversiones.

Otro aspecto polémico es la obligación de que las empresas suscriban acuerdos de participación en beneficios con comunidades del área de influencia directa. Estos acuerdos podrían incluir aportes a fondos comunales, programas de empleo o incluso participación en instrumentos financieros.

Si bien la medida busca fortalecer la relación con las comunidades, juristas advierten que, en la práctica, podría implicar una transferencia forzada de valor sin compensación, lo que abriría la puerta a cuestionamientos por expropiación indirecta.

El dictamen también plantea aplicar nuevos costos a concesiones ya otorgadas, lo que podría entrar en conflicto con el principio constitucional de irretroactividad de la ley. Este punto, de ser aprobado, podría generar una ola de litigios y arbitrajes contra el Estado peruano.

Además, se propone reducir el plazo de caducidad de las concesiones a periodos de cuatro o cinco años para evitar la existencia de concesiones “ociosas”. Aquellas que no entren en actividad serían reasignadas a pequeños mineros organizados en cooperativas.

Aunque la medida busca dinamizar el uso de los recursos, especialistas advierten que podría convertirse en un mecanismo de presión que termine debilitando la inversión formal y facilitando la ocupación de áreas por operadores informales.

RESALTAR

BANCADAS

ALINEADAS

El dictamen consolida iniciativas de congresistas de diversas bancadas: Alejandro Muñante (Renovación Popular), Pasión Dávila (Bancada Socialista), Edwin Martínez (no agrupado), Paúl Gutiérrez (Bloque Magisterial), Roberto Sánchez y Wilson Quispe (Juntos por el Perú), Guido Bellido (Podemos Perú) y Flavio Cruz (Perú Libre).

Este amplio respaldo político revela una tendencia transversal en el Congreso: mientras se endurecen las condiciones para la minería formal, no se plantean medidas efectivas para frenar la expansión de la minería ilegal.

El dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas deberá pasar ahora al Pleno del Congreso. De ser aprobado, marcaría un punto de quiebre en el régimen de concesiones mineras y en la estabilidad jurídica del sector.