La reciente escasez de GLP y gas natural en Arequipa reabre el debate sobre la paralización del Gasoducto Sur Peruano. Especialistas advierten que la falta de esta infraestructura dejó al sur del país sin un sistema de seguridad energética ante emergencias como la registrada en Camisea.

La crisis energética que golpea hoy a Arequipa y al sur del país no solo revela una falla técnica en el sistema de transporte de gas de Camisea, sino también expone una deuda histórica en materia de infraestructura energética. Para diversos especialistas, entre ellos el analista Arturo Valderrama, el desabastecimiento de GLP y gas natural que hoy afecta a miles de hogares y transportistas es la consecuencia de un proyecto que nunca se terminó: el Gasoducto Sur Peruano.

La emergencia se originó tras el incidente registrado en el sistema de transporte de líquidos de gas natural en la zona de Megantoni, en la región Cusco. Desde allí se envían los líquidos que luego son procesados en la planta de Pisco para producir el propano y el butano que alimentan el mercado del GLP en el país. Cuando esa cadena se interrumpe, el impacto se siente rápidamente en regiones como Arequipa, donde el gas doméstico y el GLP para vehículos son parte esencial de la vida cotidiana.

Valderrama explica que el sistema energético peruano funciona como una delicada red de vasos comunicantes. Desde Camisea salen dos rutas paralelas: una conduce el gas natural hacia Lima para la generación eléctrica y el consumo industrial; la otra transporta los líquidos del gas natural que luego se transforman en GLP. Cualquier ruptura en ese trayecto desencadena un efecto dominó que se traduce en escasez, aumento de precios y preocupación ciudadana.

Fue precisamente para reducir esa vulnerabilidad que se concibió el Gasoducto Sur Peruano, una obra estratégica que no solo debía llevar gas directamente a Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, sino también crear un sistema de respaldo ante eventuales fallas en la red principal. Su diseño contemplaba una tubería más robusta y una ruta alternativa capaz de garantizar el flujo continuo del recurso energético.

El proyecto comenzó a ejecutarse y avanzó cerca de un 37 %, con una inversión privada que superaba los mil millones de dólares. Incluso en uno de los tramos más complejos de la selva cusqueña ya se habían instalado 34 kilómetros de tubería de mayor espesor, preparada para soportar deslizamientos, lluvias intensas y las difíciles condiciones geográficas de la zona.

Pero en 2017 la obra quedó paralizada tras el escándalo de corrupción vinculado a la constructora Odebrecht. Desde entonces, los tubos, válvulas y equipos permanecen almacenados mientras el país continúa pagando millones de dólares por su custodia, una paradoja que para muchos refleja la falta de decisiones políticas para retomar el proyecto.

Hoy, la ausencia de ese gasoducto obliga al sur del país a depender de un sistema más frágil: el transporte de gas natural en camiones cisterna y el suministro de GLP desde Pisco. Un modelo logístico que, ante cualquier interrupción en la cadena de producción o transporte, queda rápidamente expuesto a crisis como la actual.

El reciente incidente en Camisea ha demostrado esa vulnerabilidad. La explosión registrada en una válvula del sistema de líquidos provocó una llamarada que incluso afectó la tubería de gas natural, un evento que nunca antes se había producido con tal magnitud. El daño obligó a suspender temporalmente el envío de líquidos hacia Pisco, interrumpiendo la producción de GLP.

Las consecuencias se sintieron de inmediato en Arequipa: estaciones de servicio sin combustible, largas filas de vehículos y un mercado doméstico marcado por la incertidumbre. A ello se suma el impacto en el sistema eléctrico nacional, que depende en gran medida del gas natural para producir energía a bajo costo.

Ante la falta de gas, algunas centrales térmicas han tenido que operar con diésel, un combustible mucho más caro. Mientras la generación eléctrica con gas natural puede costar menos de 30 dólares por megavatio, el uso de diésel puede elevar ese costo hasta 200 o incluso 250 dólares, presionando los precios de la energía para industrias y empresas.

La crisis energética también se entrelaza con el contexto internacional. Las tensiones en el Medio Oriente, particularmente en el estratégico estrecho de Ormuz, han disparado el precio del petróleo en los mercados globales, lo que añade presión sobre los combustibles que importa el Perú.

Sin embargo, Valderrama sostiene que el problema más profundo sigue siendo interno. Para el especialista, la paralización del Gasoducto Sur Peruano dejó al país sin una infraestructura clave para garantizar la seguridad energética de las regiones del sur.

En su opinión, la crisis actual debería servir como una advertencia. “El gas no tiene bandera política”, afirma, recordando que el proyecto fue concebido como una obra de integración nacional y desarrollo regional.

Mientras el sistema de Camisea intenta recuperar su funcionamiento normal, el debate sobre el futuro del gas en el sur vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública. Porque, más allá de la emergencia actual, la pregunta que queda abierta es si el país aprenderá de esta crisis o seguirá postergando la infraestructura que podría evitar que vuelva a repetirse.