Por: Carlos Meneses

El país necesita una política minera que promueva la formalización real, que combata la ilegalidad con firmeza y que, al mismo tiempo, preserve la confianza de los inversionistas. Legislar en sentido contrario, y hacerlo además en un contexto electoral, no solo es imprudente: es una señal de alerta que no debe pasar desapercibida.

En medio del ruido político propio de una campaña electoral, el Congreso de la República avanza, casi sin mayor escrutinio ciudadano, en una reforma que podría alterar de manera profunda el equilibrio del sector minero en el país. Lo que se presenta como una iniciativa para democratizar el acceso a los recursos y fortalecer a la pequeña minería, encierra riesgos evidentes que no pueden ser minimizados.

El dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas, presidida por Víctor Cutipa Ccama, no solo introduce el concepto de “propiedad social” en la minería artesanal, sino que abre la puerta a la reasignación de concesiones extinguidas a cooperativas de pequeños mineros. En teoría, la medida busca formalizar a miles de trabajadores. En la práctica, podría convertirse en un incentivo perverso que legitime la expansión de la minería informal bajo nuevas formas organizativas.

El problema de fondo no es la inclusión de pequeños actores en la actividad económica, sino la ausencia de una estrategia integral para combatir la ilegalidad. El país lleva años enfrentando los efectos devastadores de la minería informal: contaminación ambiental, evasión tributaria, precarización laboral y, en muchos casos, la presencia de economías criminales asociadas. Pretender resolver este fenómeno facilitando el acceso a concesiones sin garantizar condiciones estrictas de formalidad es, cuando menos, una apuesta riesgosa.

Pero el dictamen va más allá. Al modificar las reglas del sistema de concesiones, introduce un elemento de incertidumbre que golpea directamente la seguridad jurídica. La posibilidad de revocar concesiones con mayor discrecionalidad, el incremento desproporcionado de costos y la reducción de plazos para iniciar producción configuran un escenario poco atractivo para la inversión formal.

Resulta particularmente preocupante que se pretenda reducir a 15 años un proceso que, en la práctica, puede tomar más de tres décadas. La minería, por su naturaleza, requiere estabilidad, previsibilidad y reglas claras. Sin estos elementos, el país corre el riesgo de ahuyentar capitales y frenar proyectos que generan empleo y desarrollo en diversas regiones.

A ello se suma la imposición de nuevas obligaciones, como los planes quinquenales en etapas tempranas o los acuerdos de participación en beneficios con comunidades, que si bien responden a demandas legítimas, deben diseñarse con criterios técnicos y no como imposiciones que puedan derivar en conflictos legales o arbitrajes internacionales.

El respaldo transversal de diversas bancadas revela un dato inquietante: más allá de ideologías, existe una convergencia política que, en este caso, parece priorizar soluciones rápidas sobre reformas estructurales. En plena campaña, cuando el debate debería centrarse en propuestas de largo aliento, se impulsa una norma que podría tener consecuencias duraderas y difíciles de revertir.