El presidente José María Balcázar promulgó la Ley N.º 32563, que reconoce el derecho a gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores bajo el régimen CAS (Decreto Legislativo 1057). La norma, aprobada previamente por el Congreso de la República del Perú, representa un cambio significativo en las condiciones laborales de miles de servidores públicos.

Con esta ley, los trabajadores CAS accederán a dos gratificaciones al año, en julio y diciembre, equivalentes a una remuneración mensual cada una, en línea con lo que ocurre en el sector privado. Asimismo, recibirán CTS calculada sobre el 100 % de su sueldo por cada año de servicio, la cual será pagada al término del vínculo laboral con la entidad pública.

No obstante, pese a su promulgación inmediata, la implementación de estos beneficios no será automática. Especialistas advierten que su aplicación dependerá de ajustes presupuestarios en las entidades del Estado, lo que podría retrasar su ejecución total. En ese sentido, algunas instituciones con disponibilidad de recursos podrían cumplir con el pago de gratificaciones desde julio de 2026, mientras que otras lo harían de manera progresiva.

El secretario de defensa de la Confederación de Trabajadores Estatales del Perú (CTE Perú), David Flores Ramos, explicó que la normativa requiere modificaciones en los presupuestos institucionales, lo que limita su aplicación inmediata. Según indicó, la legislación vigente establece plazos para realizar estos cambios, lo que podría impedir que algunos pagos, como la CTS en casos de cese cercano, se efectúen en el corto plazo.

Además, será necesario coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú para autorizar las modificaciones presupuestarias que permitan a las entidades cumplir con estas nuevas obligaciones laborales. También se deberá prever el impacto económico, considerando la diversidad de remuneraciones en el régimen CAS.

Pese a ello, expertos coinciden en que la norma puede aplicarse progresivamente desde este año, dependiendo de la capacidad financiera de cada institución. A diferencia de otras leyes, esta no requiere reglamentación adicional, ya que introduce modificaciones directas a la normativa vigente.

La promulgación de esta ley marca un avance en la equiparación de derechos laborales para los trabajadores CAS, aunque su implementación efectiva dependerá de la disponibilidad de recursos y la planificación presupuestaria del Estado en los próximos meses.