Por: Carlos Meneses

Porque cuando el agua se encarece por errores evitables, no solo se pierde dinero: se pierde desarrollo.

La represa Quichinihuaya, concebida como una solución clave para enfrentar la escasez hídrica en Yarabamba, hoy se encuentra atrapada en un problema que lamentablemente se ha vuelto recurrente en la gestión pública: deficiencias técnicas que terminan encareciendo obras esenciales. Lo que debió ser una inversión planificada para beneficiar a 1 600 agricultores y ganaderos, hoy está bajo la lupa por un incremento presupuestal que supera los S/ 11 millones y que rebasa los límites legales establecidos.

El salto de un presupuesto inicial de poco más de S/ 17 millones a una cifra superior a los S/ 37 millones no es un simple ajuste. Es una señal de alerta que expone fallas estructurales en la elaboración del expediente técnico, un documento que debería garantizar la viabilidad, eficiencia y sostenibilidad de cualquier obra pública. Cuando este instrumento falla, lo que sigue es previsible: retrasos, sobrecostos y, en el peor de los casos, paralización.

La advertencia de la Contraloría no solo pone en evidencia una posible vulneración al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado —que fija límites claros para evitar incrementos desproporcionados—, sino que también abre la puerta a un escenario más grave: la nulidad del acto administrativo. De concretarse, no solo se perdería tiempo y recursos, sino que se postergaría nuevamente una obra vital para una zona que depende del agua para su desarrollo productivo.

Pero el problema no termina en el incremento presupuestal. La ausencia de una supervisión técnica adecuada y el incumplimiento en herramientas básicas de control, como el cuaderno digital de incidencias, revelan una preocupante falta de rigor en la gestión del proyecto. No se trata de errores menores; son omisiones que comprometen la transparencia y la calidad de la inversión pública.

Este caso refleja una realidad que el país no ha logrado superar: la debilidad en la formulación y ejecución de proyectos. No basta con asignar recursos ni anunciar obras; es imprescindible garantizar que estas se diseñen y ejecuten correctamente desde el inicio. Cada sol mal invertido no solo representa una pérdida económica, sino una oportunidad desperdiciada para mejorar la calidad de vida de la población.

En regiones como Arequipa, donde el acceso al agua es un factor determinante para el desarrollo agrícola, proyectos como Quichinihuaya no pueden seguir enfrentando tropiezos administrativos. La eficiencia en la gestión pública no es un lujo, es una obligación.

La Municipalidad Distrital de Yarabamba tiene ahora la responsabilidad de corregir el rumbo. Las observaciones de la Contraloría deben ser atendidas con urgencia y transparencia. Más allá de las cifras, lo que está en juego es la confianza de la población y el futuro de cientos de familias que esperan una solución concreta a sus necesidades.