La institución educativa Julio C. Tello, en el distrito de Paucarpata, quedó expuesta y sin adecuada protección perimétrica tras una demolición parcial de aulas deterioradas, situación que ahora pone en riesgo la seguridad del plantel y ha obligado a suspender las clases presenciales. El director del colegio denunció que la intervención no resolvió el problema estructural y, por el contrario, agravó la vulnerabilidad de la infraestructura.

Según el director del colegio, Gino García, el Gobierno Regional de Arequipa envió maquinaria para demoler ambientes en mal estado, pero el trabajo quedó inconcluso. En lugar de ejecutar un retiro parcial de la infraestructura comprometida, se habría derribado más ambientes de lo establecido, dejando debilitados los muros que colindan con la calle y abriendo forados por donde ahora puede ingresar cualquier persona.

La autoridad educativa sostuvo que el colegio atraviesa una situación crítica porque la pared posterior cedió durante los trabajos y el plantel quedó prácticamente sin resguardo en una de sus zonas más sensibles. A ello se suma la preocupación por la posible sustracción de materiales y bienes del centro educativo, ya que el área demolida permanece abierta y con fierros expuestos.

La emergencia ya impacta de manera directa en el servicio educativo. La institución adelantó vacaciones y aplicó una semana de virtualidad; sin embargo, la dirección advirtió que esa modalidad no cumple los objetivos pedagógicos y que tampoco existirían condiciones para reiniciar las clases presenciales la próxima semana si no se restituye la seguridad mínima del local.

De acuerdo con la versión del colegio, son más de 420 estudiantes los afectados por esta contingencia. Además, nueve ambientes fueron demolidos en una intervención que, según el director, debía resolverse en dos días, pero ya supera los diez días sin una salida definitiva ni la presencia de funcionarios que expliquen formalmente cómo quedará protegida la institución.

La principal queja de la comunidad educativa no apunta solo a la demolición, sino a que el colegio fue dejado sin un cierre seguro. García señaló que, si el Gobierno Regional dañó las paredes colindantes, debe reponerlas, aunque sea con una solución provisional, como calamina o un cerco temporal, para evitar que el plantel continúe abierto hacia la vía pública.

El caso ha reabierto la preocupación por la forma en que se ejecutan intervenciones de emergencia en infraestructura escolar. En Paucarpata, el problema ya no se limita a aulas antiguas o deterioradas: hoy el eje del conflicto es que un colegio con cientos de alumnos quedó sin muro, expuesto a la inseguridad y sin condiciones plenas para retomar sus actividades con normalidad.