El Consejo Fiscal lanzó una severa advertencia sobre el rumbo de las finanzas públicas, tras señalar que el Congreso de la República aprobó, en menos de un mes, un conjunto de leyes que implican un incremento del gasto público de al menos S/ 11,400 millones anuales, sin contar con fuentes de financiamiento claras.

Según el organismo autónomo, solo en las tres últimas sesiones del pleno realizadas en marzo se aprobaron 11 normas que generan obligaciones permanentes para el Estado. Esta cifra podría elevarse hasta los S/ 15 000 millones anuales si se consideran también las medidas aprobadas entre agosto y diciembre de 2025 que no fueron incorporadas en el presupuesto inicial de 2026.

Entre las iniciativas con mayor impacto fiscal destaca la nivelación de pensiones para maestros jubilados y cesantes, cuyo costo superaría los S/ 8 000 millones anuales. A ello se suma la ampliación de beneficios laborales para trabajadores del régimen CAS, que demandaría cerca de S/ 3 000 millones por año. Asimismo, la modificación del régimen pensionario militar y policial implicaría un costo total estimado de S/ 15 000 millones.

El Consejo Fiscal advirtió que estas decisiones tendrán efectos inmediatos sobre el equilibrio de las cuentas públicas. Solo para el 2026, el impacto adicional ascendería a S/ 6 500 millones no previstos en el presupuesto vigente, lo que incrementa el riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales.

Este escenario resulta especialmente preocupante si se considera que el presupuesto público ya contempla un incremento significativo en planillas y pensiones, superior a los S/ 11 200 millones. En ese contexto, el margen de maniobra fiscal se reduce considerablemente y aumenta la presión sobre la deuda pública.

El organismo también enfatizó el alto costo de oportunidad de estas decisiones. El monto aprobado en marzo equivale, por ejemplo, a varias veces el presupuesto de programas sociales clave como Pensión 65, becas educativas o la alimentación escolar. En ese sentido, cuestionó que se prioricen beneficios para grupos específicos sin evaluar el impacto integral sobre la economía.

Además, el Consejo Fiscal criticó la falta de acción del Poder Ejecutivo por no observar normas con alto impacto fiscal ni recurrir a mecanismos legales, como el Tribunal Constitucional, para frenar iniciativas potencialmente inconstitucionales. Esta omisión, advirtió, debilita la institucionalidad fiscal.

Finalmente, el organismo alertó que tanto el Congreso como el Ejecutivo estarían incumpliendo disposiciones legales que prohíben aprobar aumentos en gasto de personal y pensiones en periodos cercanos a procesos electorales. De no corregirse esta tendencia, se prevé un nuevo incumplimiento de las reglas fiscales en 2026, lo que afectaría la credibilidad económica del país y limitaría las posibilidades de desarrollo a largo plazo.