Por Rocío Velazco C.

La reciente crisis de abastecimiento de gas en el Perú ha dejado al descubierto una serie de debilidades estructurales en el sistema energético nacional, más allá de un problema coyuntural. Lo que en apariencia fue una interrupción puntual por una falla en el sistema de Camisea, ha evidenciado la fragilidad de un modelo que carece de planificación y una adecuada distribución del recurso.

SEGÚN VOCERA DEL IPE

El origen de la crisis se encuentra en una falla en el ducto que transporta el gas natural desde Camisea hacia los principales centros de consumo. Este incidente interrumpió el suministro y generó un efecto dominó en distintas regiones del país. Sin embargo, el problema no radica en la falta de gas. Por el contrario, el Perú produce más gas del que consume internamente, lo que pone en evidencia que el verdadero cuello de botella está en la infraestructura y en la gestión del recurso, precisó Stephani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Actualmente, entre el 94% y 95% del consumo de gas natural se concentra en Lima y Callao, lo que refleja una centralización extrema de la demanda. Este fenómeno limita la expansión del gas hacia otras regiones, donde la falta de infraestructura hace inviable su masificación. En departamentos como Arequipa, el suministro no llega por ductos, sino a través de camiones, bajo el esquema de

“transporte virtual”, lo que incrementa considerablemente los costos y genera vulnerabilidad ante cualquier interrupción, añadió.

La crisis reciente evidenció precisamente esta fragilidad. Ante la escasez de gas, usuarios industriales y de transporte migraron hacia combustibles más caros, como el diésel y las gasolinas. Este cambio coincidió con un contexto internacional adverso, marcado por tensiones en Medio Oriente que elevaron el precio del petróleo. Como resultado, los combustibles registraron incrementos cercanos al 30% a nivel nacional. En Arequipa, por ejemplo, el precio del diésel superó los 22 soles, afectando directamente a sectores productivos y al transporte.

Otro factor clave es la estructura del consumo. En el Perú, los principales usuarios de gas son las generadoras eléctricas, que concentran entre el 56% y 60% del consumo total. Les siguen las industrias, el transporte y, en menor medida, los hogares. Esta configuración, dominada por grandes consumidores ubicados en la capital, dificulta la creación de mercados regionales que justifiquen inversiones en infraestructura, precisó la vocera del IPE.

Paradójicamente, mientras existe escasez en algunas zonas, en otras se desperdicia el recurso. En uno de los lotes de Camisea destinado al mercado interno, cerca del 38% del gas extraído es reinyectado al subsuelo debido a la falta de demanda y capacidad de transporte. Este dato revela una ineficiencia estructural: el país no logra aprovechar plenamente un recurso estratégico que podría impulsar su desarrollo.

Desde el Estado, las respuestas han sido principalmente reactivas. Programas como el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) han buscado mitigar el impacto en los hogares más vulnerables mediante subsidios al consumo de GLP. No obstante, estas medidas no abordan el problema de fondo: la ausencia de una política energética integral.

En este contexto, el rol del Ministerio de Energía y Minas ha sido cuestionado por la falta de liderazgo en la planificación a largo plazo. La inversión en exploración y explotación de hidrocarburos ha caído en los últimos años, reduciendo la competitividad del país frente a otros mercados de la región, indicó.

A ello se suman barreras estructurales como un marco contractual poco atractivo, plazos de concesión menos competitivos y un régimen fiscal percibido como incierto. La inestabilidad política también juega en contra: la alta rotación de ministros impide la continuidad de políticas y desalienta la inversión privada.

Otro obstáculo importante es la burocracia. Los estudios ambientales, que deberían aprobarse en plazos razonables, suelen tardar hasta cinco veces más de lo establecido por ley, retrasando proyectos clave para el desarrollo energético.

Frente a este panorama, especialistas plantean la necesidad de implementar medidas como la tarifa nivelada, que permitiría reducir las brechas de acceso al gas entre Lima y las regiones. Esta política podría incentivar la demanda fuera de la capital y hacer viable la construcción de nueva infraestructura, como ductos regionales.

La crisis del gas no es, entonces, un episodio aislado, sino el reflejo de un sistema que requiere reformas profundas. El Perú cuenta con recursos suficientes, pero carece de una estrategia que garantice su aprovechamiento equitativo y sostenible. Sin planificación, inversión y estabilidad, el potencial energético del país seguirá desaprovechado, mientras los ciudadanos enfrentan las consecuencias de un modelo que aún no logra responder a sus necesidades.