Por: Carlos Meneses

El mensaje del Arzobispo no es un pronunciamiento político, sino un recordatorio ético. En tiempos donde la desafección ciudadana parece imponerse, recuperar el sentido del deber cívico es fundamental. El voto, lejos de ser un trámite, es una herramienta poderosa que define el rumbo del país. Ejercerlo con responsabilidad no es solo un derecho, sino una obligación con el presente y el futuro del Perú.

En un contexto marcado por la incertidumbre política y el desgaste institucional, el llamado del arzobispo de Arequipa, Javier Del Río Alba, trasciende el ámbito religioso para situarse en el corazón mismo de la responsabilidad ciudadana. Su exhortación a emitir un voto consciente en las próximas elecciones generales no solo interpela a los fieles, sino a toda la sociedad peruana, urgida de decisiones más reflexivas y menos impulsivas.

El país arrastra desde hace más de una década una crisis que no se limita a la inestabilidad política. Se trata de un problema estructural en el que confluyen la corrupción, la fragmentación institucional y la creciente desconfianza ciudadana. En ese escenario, pretender que la responsabilidad recaiga exclusivamente en la clase política resulta, cuando menos, insuficiente. Como bien señala el prelado, los ciudadanos no son actores pasivos: participan activamente en la construcción del poder a través de su voto.

La advertencia sobre la proliferación de candidaturas presidenciales —36 en total— pone en evidencia una preocupante atomización del sistema político. Lejos de enriquecer la democracia, esta sobreoferta electoral puede diluir la calidad de la representación y dificultar la toma de decisiones informadas. Elegir entre múltiples opciones no es, por sí mismo, garantía de una mejor elección; por el contrario, exige mayor rigor en el análisis de trayectorias, propuestas y capacidades reales de gobierno.

En ese sentido, el mensaje es claro: no basta con votar, hay que saber por quién se vota y por qué. La evaluación de la experiencia, la solvencia ética y la viabilidad de las propuestas debe convertirse en un ejercicio ciudadano ineludible. Temas críticos como la inseguridad ciudadana, que golpea con fuerza a diversas regiones del país, o la corrupción, que ha erosionado recursos públicos y confianza institucional, requieren autoridades con preparación y compromiso comprobado.

Asimismo, la reflexión sobre el Congreso no es menor. La fragmentación parlamentaria ha demostrado ser un obstáculo para la gobernabilidad, limitando la construcción de consensos y la implementación de políticas de largo plazo. Sin acuerdos mínimos, el país se mantiene atrapado en una dinámica de confrontación estéril que posterga soluciones urgentes.

En paralelo, la celebración de la Semana Santa ofrece una oportunidad simbólica para la introspección. Más allá de los actos litúrgicos y las tradicionales procesiones, este periodo invita a una revisión personal y colectiva. La fe, en este contexto, se entrelaza con la ética cívica: reflexionar sobre el sacrificio, la redención y el compromiso también puede traducirse en decisiones responsables en la vida pública.