Desde diversos partidos políticos, candidatos al Senado demandaron que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) actúe frente a los recientes errores y posibles engaños en encuestas difundidas por Datum, que reportaron cifras que sumaban hasta 118 %, lo que generó críticas por manipulación de la opinión pública.

Vilma Gonzales, candidata al Senado por Avanza País, señaló que los sondeos con resultados inflados “están engañando a la población” al exagerar el apoyo a ciertos candidatos desconocidos. Según la aspirante, esta práctica distorsiona la percepción ciudadana, mientras que líderes reconocidos, como el jefe de los comandos Chavín de Huántar, mantienen una imagen favorable para gran parte del electorado.

“Es inaceptable que una encuestadora presente cifras falsas, luego publique un comunicado pidiendo disculpas y todo quede así. El JNE debe imponer sanciones”, enfatizó Gonzales, refiriéndose al escándalo de Datum y a la necesidad de garantizar transparencia en los próximos comicios del 12 de abril.

Por su parte, Segundo Montalvo, congresista y candidato a senador por Perú Libre, solicitó formalmente a la Oficina de Procesos Electorales un informe sobre los recursos destinados a informar al electorado sobre cómo votar correctamente en las cédulas de cinco columnas. En su oficio dirigido a Piero Corvetto, jefe de la institución, Montalvo manifestó su preocupación por una posible “avalancha de votos nulos” debido a la confusión que genera la complejidad de las papeletas.

Ambos planteamientos ponen en evidencia la creciente tensión sobre la responsabilidad de los organismos electorales y encuestadoras en el marco de los comicios. Mientras Datum enfrenta cuestionamientos por la exactitud de sus datos, la ONPE anunció la eliminación del flash electoral para las elecciones, recomendando a los ciudadanos consultar únicamente los resultados oficiales a través de sus canales.

El debate sobre la veracidad de las encuestas y la preparación del electorado refleja un momento crítico para la democracia peruana. Especialistas y políticos coinciden en que la población requiere información clara y confiable para ejercer su derecho al voto sin confusiones ni manipulaciones.

El JNE, en tanto, deberá determinar si las cifras difundidas constituyen una infracción sancionable y definir medidas preventivas para garantizar que las encuestas y procesos electorales no afecten la confianza ciudadana en los resultados finales.