Por: Carlos Meneses

Recuperar la confianza no será tarea inmediata, pero es indispensable. Arequipa demanda una gestión a la altura de sus expectativas y de su tradición cívica. Ignorar el descontento sería profundizar la brecha; atenderlo, en cambio, puede marcar el inicio de una necesaria reconstrucción institucional.

Los resultados de la más reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática no dejan espacio para interpretaciones complacientes: la desaprobación a la gestión del Gobierno Regional de Arequipa alcanza el 71.8%, ubicando a la región entre las más cuestionadas del país. Se trata de una cifra que no solo supera el promedio nacional, sino que revela un profundo malestar ciudadano frente a la conducción de los asuntos públicos.

Más allá de los porcentajes, el dato refleja una ruptura en la relación entre autoridades y población. Cuando siete de cada diez ciudadanos califican una gestión como “mala” o “muy mala”, lo que está en juego no es únicamente la eficiencia administrativa, sino la credibilidad institucional. En contraste, el reducido 17.5% que respalda la gestión evidencia una minoría que no logra equilibrar una percepción mayoritariamente negativa.

Este escenario no es aislado. A nivel nacional, el estudio sobre gobernabilidad y confianza en las instituciones muestra una tendencia preocupante: la desconfianza se ha convertido en una constante. Instituciones clave como el Congreso de la República del Perú y los partidos políticos registran niveles de rechazo superiores al 90%, mientras que entidades como la Policía Nacional del Perú también enfrentan una severa pérdida de legitimidad.

En ese contexto, la situación de Arequipa adquiere un matiz aún más crítico. La región, históricamente caracterizada por una ciudadanía activa y vigilante, parece expresar hoy un desencanto acumulado. Las expectativas sobre desarrollo, seguridad, infraestructura y servicios básicos no han sido satisfechas, y ello se traduce en una evaluación severa de sus autoridades.

No se trata únicamente de una percepción subjetiva. Detrás de estos resultados subyacen problemas estructurales: lentitud en la ejecución de proyectos, deficiencias en la gestión pública, limitada capacidad de respuesta frente a demandas urgentes y, en muchos casos, una comunicación insuficiente con la ciudadanía. La combinación de estos factores alimenta la sensación de abandono y distancia entre gobernantes y gobernados.

Sin embargo, el dato más preocupante no es solo la desaprobación, sino la normalización de la desconfianza. Cuando la mayoría de instituciones son percibidas negativamente, el riesgo es que la ciudadanía deje de creer en los mecanismos democráticos como vía de solución. Esa es la verdadera dimensión del problema: una crisis de legitimidad que trasciende gestiones específicas.

Frente a ello, las autoridades regionales tienen la responsabilidad de asumir el mensaje con seriedad. No basta con relativizar las cifras ni atribuirlas a factores externos. Se requiere un giro en la forma de gobernar: mayor transparencia, rendición de cuentas efectiva y decisiones orientadas a resultados concretos.