A solo dos semanas de las Elecciones Generales 2026, la credibilidad de las encuestas electorales en el Perú quedó seriamente cuestionada tras denuncias sobre presuntos pagos para manipular resultados. Testimonios directos y revelaciones fiscales sugieren que ciertos candidatos habrían pagado sumas de dinero para mejorar su posicionamiento en los sondeos, convirtiendo la herramienta estadística en un mecanismo de marketing electoral.

La candidata presidencial de Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, denunció en un programa televisivo que recibió propuestas de pago de 30 000 soles cada 10 días para aparecer mejor posicionada en las encuestas. “Esos pagos servían para entrar en la cancha real y salir del anonimato del bloque de ‘otros’”, afirmó, señalando una supuesta dinámica de extorsión o lobby comercial disfrazado de estadística.

La denuncia de Molinelli fue complementada por Marisol Pérez Tello, quien criticó que el financiamiento público permitido por la ley podría haberse desviado para pagar sondeos. Según Pérez Tello, más de 35 millones de soles habrían sido destinados a favorecer a partidos con representación parlamentaria, otorgándoles una ventaja económica que influiría en la percepción pública y en la intención de voto.

El semanario H13 reveló detalles de un informe fiscal que reconstruye un sistema de manipulación de sondeos que habría operado durante varias campañas electorales. El abogado Horacio Cánepa, colaborador eficaz, detalló pagos ilícitos provenientes de la constructora Odebrecht destinados a alterar cifras a favor de ciertos candidatos. Según el informe, en la campaña municipal de 2010 se pagaron 10 000 dólares a la encuestadora CPI para beneficiar a Lourdes Flores; esquemas similares se habrían repetido en 2011 y 2016 para favorecer a Pedro Pablo Kuczynski y Alan García.

El escándalo también incluye advertencias internas de encuestadoras sobre la manipulación excesiva: en 2016, los sondeos mostraban que Alan García tenía 7.6% de intención de voto días antes de las elecciones, pero los resultados finales fueron de 5.83%, evidenciando los límites de la alteración de cifras sin que resultara inverosímil.

Ante la gravedad de las denuncias, Ipsos Perú emitió un comunicado deslindando responsabilidad. Alfredo Torres, presidente ejecutivo de la empresa, afirmó que todas sus encuestas fueron bancarizadas y facturadas, y que se mantuvo la integridad y transparencia de los estudios, negando cualquier participación en los supuestos pagos para inflar candidatos.

Estas revelaciones ponen bajo la lupa la transparencia de los sondeos y generan interrogantes sobre cómo se construye la percepción pública en la recta final de la campaña electoral, a menos de dos semanas de que los ciudadanos acudan a las urnas.