El Poder Judicial del Perú dispuso ampliar por 20 meses el plazo de la investigación preparatoria seguida contra el expresidente Pedro Castillo y sus exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, en el marco de los casos Petroperú, Puente Tarata y el Ministerio de Vivienda.

La medida fue adoptada por el juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela, quien declaró fundado en parte el requerimiento presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. El Ministerio Público había solicitado una prórroga de 24 meses; sin embargo, el magistrado consideró que un plazo de 20 meses resulta proporcional, necesario y razonable.

Según la resolución emitida el 26 de febrero, el juez argumentó que el caso involucra a una presunta organización criminal conformada por aproximadamente 98 investigados, entre aforados y no aforados, lo que demanda un tiempo adicional para el desarrollo de diligencias complejas y el esclarecimiento integral de los hechos.

La investigación preparatoria inició el 24 de febrero de 2023 con un plazo inicial de 36 meses, el cual venció el pasado 23 de febrero de 2026. Ante ello, la Fiscalía solicitó la ampliación del plazo con el fin de continuar con las pesquisas en curso.

El magistrado precisó que el plazo adicional no necesariamente debía coincidir con los 24 meses requeridos por la Fiscalía, considerando que parte de las investigaciones también recaen en fiscalías provinciales, las cuales deben avanzar de manera paralela en las diligencias correspondientes.

Entre las principales acciones pendientes figuran el procesamiento de información obtenida mediante el levantamiento del secreto de las comunicaciones, así como del secreto bancario y la reserva tributaria de los investigados. Estas diligencias son consideradas clave para determinar responsabilidades en los presuntos delitos de corrupción.

Por su parte, la Fiscalía sostuvo que la solicitud de prórroga no responde a una inacción del Ministerio Público, sino a la complejidad del caso y al volumen de información que aún debe ser analizado.

Con esta decisión, el Poder Judicial busca garantizar que la investigación se desarrolle de manera exhaustiva, permitiendo recabar todos los elementos necesarios antes de una eventual acusación formal contra los implicados.