Por Jorge Turpo R.

El Congreso aprobó crear 40 universidades públicas desde el 2021 y ninguna funciona hasta hoy. Entre ellas figuran la Universidad Nacional Autónoma de Camaná.

LA PROMESA FÁCIL DE ALGUNOS POLÍTICOS

Desde el 2021, el Congreso de la República ha aprobado la creación de 40 nuevas universidades públicas en el Perú. Sin embargo, ninguna de ellas está en funcionamiento. Para la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), este fenómeno no solo evidencia improvisación, sino que representa un serio riesgo para la sostenibilidad del sistema educativo superior.

El problema no es nuevo. Entre 2007 y 2011 se crearon 13 universidades públicas, varias de las cuales tardaron hasta siete años en iniciar actividades. Hoy, la historia parece repetirse, pero a una escala mayor.

Según un informe de REDES, el Congreso ha impulsado esta expansión sin sustento técnico ni respaldo presupuestal, lo que convierte a muchas de estas instituciones en “universidades de papel”.

Actualmente, el país cuenta con 94 universidades públicas: 53 están en funcionamiento, 12 tienen presupuesto, pero no estudiantes, y 29 existen solo en documentos.

A esto se sumarían las nuevas creaciones, lo que, de concretarse, duplicaría prácticamente el sistema universitario estatal sin una planificación adecuada.

El principal problema, advierte REDES, es el financiamiento. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Educación (Minedu), poner en marcha estas nuevas universidades demandaría alrededor de 4 000 millones de soles, una cifra equivalente a casi una cuarta parte del presupuesto total del sector Educación para el 2025.

El costo de abrir una sola universidad tampoco es menor. Según el Minedu, implementar una institución básica con tres carreras profesionales y sin laboratorios requiere al menos 105 millones de soles, de los cuales el 90% se destina a infraestructura.

Para REDES, este tipo de decisiones “no tiene sustento financiero ni plan de sostenibilidad”, lo que podría afectar otros rubros esenciales como el pago a docentes, la ejecución de obras escolares y los programas educativos prioritarios.

La tensión entre el Ejecutivo y el Congreso también ha marcado este proceso. El gobierno observó la ley que creaba 20 universidades simultáneamente, argumentando que generaba un gasto “creciente e insostenible”.

No obstante, el Parlamento promulgó la norma por insistencia, sin incluir fuentes de financiamiento.

Este escenario refleja una dinámica política donde prima el interés inmediato sobre la planificación de largo plazo.

El caso más reciente se dio el año pasado con la aprobación de 22 nuevas universidades en menos de tres horas. Dos de ellas estarán en Arequipa: la Universidad Nacional Autónoma de Camaná y la Universidad Nacional de Artes Luis Dunker Lavalle.

Aunque la medida fue presentada como un avance en el acceso a la educación superior, lo que se advierte es que responde más a una lógica política que a una estrategia educativa sostenible.

Esta “fiebre” de creación de universidades se extiende a 15 regiones del país. En Puno se aprobaron cuatro nuevas instituciones, mientras que en Lambayeque y Junín se impulsaron dos en cada región.

Esta expansión desordenada podría generar frustración social, ya que la población espera resultados inmediatos que difícilmente se concretarán en el corto plazo.

En promedio, una universidad tarda entre siete y ocho años en operar plenamente. Muchas de las ya creadas continúan bajo comisiones organizadoras, sin estudiantes ni infraestructura completa.

En ese contexto, las expectativas generadas podrían convertirse en protestas cuando las promesas no se cumplan.

Además, de entrar en funcionamiento todas las universidades aprobadas, el número de instituciones públicas pasaría de 49 a 89, una cifra que califica como inviable.

Como alternativa, propone que las nuevas sedes se conviertan en filiales de universidades ya existentes, lo que permitiría optimizar recursos y garantizar estándares de calidad.

El impacto no solo sería financiero, sino también académico. REDES advierte que la creación indiscriminada de universidades podría comprometer la calidad educativa, al no contar con docentes capacitados, infraestructura adecuada ni condiciones mínimas para la investigación.

En este contexto, diversas instituciones han solicitado frenar esta política. El Consejo Nacional de Educación, junto con gremios y organizaciones académicas, ha planteado recurrir al Tribunal Constitucional para evitar que se siga ampliando el sistema sin planificación. REDES respalda esta postura y advierte que el país enfrenta el riesgo de un colapso financiero y académico si no se corrige el rumbo.

Para la Red de Estudios para el Desarrollo, el problema de fondo es claro: se están tomando decisiones de alto impacto sin considerar su viabilidad. La promesa de ampliar el acceso a la educación superior, lejos de convertirse en una solución, podría terminar siendo una ilusión costosa y políticamente rentable en el corto plazo, pero insostenible en el futuro.