Por: Carlos Meneses

La educación no debe ser rehén de la política. Prometer universidades sin sustento es, en el fondo, vender ilusiones. Y cuando esas promesas no se cumplen, la frustración social es inevitable. Apostar por la calidad, antes que por la cantidad, no solo es una decisión técnica: es una responsabilidad ética con el futuro del país.

En el Perú, la educación superior vuelve a ser utilizada como una promesa fácil, atractiva en campaña, pero peligrosa en la práctica. La reciente proliferación de proyectos para crear nuevas universidades públicas, impulsada desde el Congreso, evidencia una preocupante desconexión entre la política y la realidad. No basta con anunciar más instituciones; el verdadero desafío es garantizar calidad, sostenibilidad y resultados concretos.

Desde el 2021, el Parlamento ha aprobado la creación de 40 universidades públicas. Sin embargo, ninguna de ellas está en funcionamiento. Peor aún, muchas ni siquiera cuentan con presupuesto, infraestructura o estudiantes. Son, en esencia, “universidades de papel”, como advierte la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES). Esta expansión, lejos de responder a una planificación educativa, parece obedecer a cálculos políticos de corto plazo.

El problema no es nuevo, pero sí más grave. Actualmente, el país tiene 94 universidades públicas, de las cuales solo 53 están operativas. Otras 29 existen únicamente en documentos. A este escenario se sumarían las nuevas creaciones, lo que duplicaría prácticamente el sistema estatal sin garantizar su viabilidad. La pregunta es inevitable: ¿se está pensando en formar profesionales o en ganar votos?

El principal obstáculo es el financiamiento. Según el Ministerio de Educación del Perú, poner en marcha estas universidades demandaría alrededor de 4 000 millones de soles. Se trata de una cifra enorme, equivalente a una porción significativa del presupuesto educativo. En un país con brechas en infraestructura escolar, déficit docente y bajos niveles de aprendizaje, destinar recursos a proyectos sin sustento parece, cuando menos, irresponsable.

A ello se suma la improvisación. En menos de tres horas, el Congreso aprobó la creación de 22 universidades, dos de ellas en Arequipa: la Universidad Nacional Autónoma de Camaná y la Universidad Nacional de Artes Luis Dunker Lavalle. Decisiones de este calibre no pueden tomarse con ligereza. Una universidad no se construye solo con una ley; requiere años de planificación, inversión y desarrollo académico.

El impacto de esta política puede ser devastador. No solo se comprometen recursos públicos, sino también la calidad educativa. Sin docentes capacitados, laboratorios adecuados ni condiciones para la investigación, estas instituciones difícilmente cumplirán su misión. El resultado podría ser una generación de estudiantes con títulos, pero sin las competencias necesarias para el mercado laboral.

Diversas instituciones, como el Consejo Nacional de Educación, han advertido sobre este riesgo e incluso plantean recurrir al Tribunal Constitucional. La preocupación es legítima: el país no puede permitirse un crecimiento desordenado que termine debilitando todo el sistema universitario.