El Gobierno peruano oficializó la declaratoria de estado de emergencia por 60 días en 15 distritos del departamento de Cajamarca, ante el avance de la minería ilegal, la presencia de organizaciones criminales y el incremento de hechos de violencia que afectan la seguridad ciudadana.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.º 052-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano. Durante su vigencia, la Policía Nacional del Perú asumirá el control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas.

Los distritos comprendidos en la declaratoria incluyen La Encañada y Chetilla, en la provincia de Cajamarca; Cachachi, en Cajabamba; Sorochuco y Huasmin, en Celendín; Contumazá; Chalamarca, en Chota; así como Hualgayoc, Chugur y Bambamarca, en la provincia de Hualgayoc. También se suman San Ignacio y San José de Lourdes, en la provincia de San Ignacio; y Gregorio Pita, en San Marcos.

De acuerdo con informes policiales, la intervención responde al crecimiento de redes vinculadas a la minería ilegal, además de delitos conexos como extorsión, sicariato y tráfico de insumos. En ese contexto, las operaciones se ejecutarán con base en inteligencia operativa, mapas del delito y análisis estadísticos para reducir la criminalidad.

Como parte del estado de emergencia, el Ejecutivo podrá restringir derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal. Asimismo, las actividades públicas masivas requerirán autorización previa de las autoridades.

La norma también dispone la creación de un Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que liderará las acciones conjuntas entre la Policía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Este comando contará con cuatro comités especializados para reforzar la intervención.

Entre ellos figuran el Comité de Coordinación Distrital, encargado de patrullajes y operativos; el Comité de Inteligencia, que empleará herramientas tecnológicas como drones y videovigilancia; el Comité de Fiscalización, orientado al control de rutas e insumos vinculados a la minería ilegal; y el Comité de Comunicación Estratégica, responsable de informar sobre los resultados.

Las medidas operativas incluyen patrullaje permanente, control de identidad en vías públicas, decomiso de armas y explosivos, así como la fiscalización de rutas utilizadas por actividades ilícitas. También se prevé el uso de drones con cámaras térmicas para detectar campamentos clandestinos.

Adicionalmente, se contempla la articulación con entidades como el Ministerio de Energía y Minas para verificar la formalidad de operaciones, así como la coordinación con autoridades de Ecuador ante la presencia de ciudadanos extranjeros en estas actividades.

El financiamiento de las acciones será asumido por las entidades involucradas, con posibilidad de recursos adicionales del Ministerio de Economía y Finanzas. Al término del plazo, el Ejecutivo evaluará los resultados para determinar nuevas acciones.

Con esta medida, el Gobierno busca restablecer el orden interno y frenar el avance de la minería ilegal en una de las regiones más afectadas del país.