La salida del exalcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, continúa generando repercusiones dentro de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). Antes de dejar el cargo, la exautoridad dispuso el retiro de 31 funcionarios de confianza, decisión que ha sido cuestionada por especialistas debido al impacto administrativo que ocasionaría en la comuna.

La medida fue oficializada mediante la Resolución de Alcaldía N.° 109-2026-MPA y se ejecutó el mismo día en que se notificó formalmente la vacancia de Rivera, declarada por el Jurado Nacional de Elecciones en el denominado caso “Flechita”.

Entre los funcionarios cesados figuran gerentes, asesores y subgerentes de distintas áreas estratégicas de la municipalidad. La decisión provocó preocupación debido a que varias oficinas quedaron sin responsables en un contexto de transición política y administrativa.

El decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Sumari, cuestionó la medida y sostuvo que la continuidad o remoción de los cargos de confianza debió quedar en manos de la nueva alcaldesa provincial, Ruccy Oscco Polar, quien asumió funciones tras la vacancia de Rivera.

Según explicó, aunque legalmente los funcionarios de confianza dependen de la autoridad que los designa, la situación excepcional generada por la vacancia exigía garantizar la estabilidad institucional y no afectar el funcionamiento de la comuna.

“La municipalidad no puede detenerse por cambios políticos. Hay procedimientos administrativos y servicios que deben continuar”, señaló el jurista.

Sumari advirtió que el retiro masivo de funcionarios puede generar retrasos en trámites, paralización de expedientes y dificultades en la toma de decisiones, especialmente en áreas vinculadas a obras, desarrollo urbano y gestión administrativa.

Precisó que algunas dependencias estratégicas conservaron a sus titulares, como la Gerencia Municipal y la Secretaría General; sin embargo, otras oficinas consideradas claves sí fueron afectadas por los ceses.

Entre ellas figuran la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Subgerencia de Obras Públicas, la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres, la Gerencia del Centro Histórico y áreas vinculadas a presupuesto, administración y servicios al ciudadano.

También fueron retirados funcionarios relacionados con Gestión Ambiental, Promoción Social, Participación Ciudadana, Registro Tributario y Circulación y Educación Vial.

Para el decano del Colegio de Abogados, la decisión no necesariamente configura una conducta ilícita, pero sí considera que existe un cuestionamiento desde el plano político y ético, debido a que fue adoptada cuando la autoridad saliente ya se encontraba en proceso de dejar definitivamente el cargo.

“Se trata de una medida que termina afectando la estabilidad administrativa de la municipalidad y perjudicando indirectamente a la población”, sostuvo.

La nueva gestión encabezada por Ruccy Oscco deberá ahora reorganizar las áreas afectadas y definir si ratifica o reemplaza a nuevos funcionarios, mientras enfrenta el reto de mantener operativos los servicios municipales en medio de la transición política.