Más de 2 mil candidatos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 aún no han cumplido con presentar la información financiera correspondiente a sus campañas electorales, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De acuerdo con el reporte difundido por el organismo electoral, un total de 10 623 candidatos a los cargos de gobernador regional, vicegobernador, alcalde provincial y alcalde distrital estaban obligados a presentar información sobre sus ingresos y gastos de campaña.

Hasta el momento, 8 372 candidatos, equivalentes al 78,8 %, cumplieron con entregar la documentación requerida. En consecuencia, 2 251 postulantes, que representan el 21,2 %, no habían presentado su información dentro del plazo establecido.

La fecha límite para cumplir con esta obligación venció el viernes 18 de setiembre. La información financiera permite conocer los recursos utilizados por las organizaciones políticas y sus candidatos durante la campaña, así como identificar el origen y destino de los fondos declarados.

Según el reporte de la ONPE, la mayor cantidad de candidatos que no cumplió con esta obligación corresponde a postulantes de Cusco, Áncash, Huánuco, Loreto y Puno, regiones que concentran una parte importante de los casos pendientes.

La presentación de los reportes financieros constituye una obligación dentro del proceso electoral y forma parte de los mecanismos de transparencia y fiscalización de los recursos utilizados durante las campañas. Estos registros permiten a las autoridades electorales revisar la información declarada y detectar eventuales inconsistencias.

Las ERM 2026 se desarrollan en un contexto de intensa actividad política en las regiones y municipios del país, donde los candidatos buscan posicionarse ante los electores de cara a los comicios.

El incumplimiento del plazo no solo deja pendiente una obligación administrativa, sino que también limita temporalmente el acceso de la ciudadanía a información sobre el financiamiento de las campañas. Por ello, la ONPE mantiene el seguimiento de los candidatos obligados a reportar sus movimientos económicos.

La información sobre ingresos y gastos resulta relevante para conocer quiénes financian las campañas y cuánto dinero se destina a las actividades proselitistas, en un proceso electoral donde la transparencia constituye uno de los principales mecanismos de control ciudadano.