El deterioro de las capacidades de los gobiernos subnacionales para prevenir la corrupción y mejorar la gestión pública se acentuó en los últimos años. Esta es una de las principales conclusiones del Índice de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS) 2026, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), que identifica las condiciones que pueden facilitar el mal uso de los recursos públicos en las 25 regiones del país.

IPE ADVIERTE RIESGOS DE MALA GESTIÓN

El estudio, presentado este 24 de setiembre, adquiere especial relevancia a puertas de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre, al mostrar los principales problemas de integridad que deberán enfrentar las próximas autoridades regionales y locales.

El IRIS evalúa 14 indicadores agrupados en dos pilares: Gestión Pública y Eficiencia Administrativa, y Desempeño Institucional y Control de la Corrupción. La medición utiliza una escala de 0 a 10: mientras menor sea el puntaje, mayor es el nivel de riesgo.

El panorama nacional evidencia un retroceso. En 2026, ninguna región se encuentra en el nivel de riesgo bajo. Solo seis —Tacna, Moquegua, Piura, Cusco, Loreto y Arequipa— aparecen en el nivel medio-bajo. En el extremo contrario, Tumbes es la única región ubicada en el nivel de riesgo muy alto.

Según el IPE, 22 de las 25 regiones redujeron su puntaje de integridad entre 2019 y 2026. En ese periodo, las regiones ubicadas en los niveles alto y muy alto pasaron de tres a diez, mientras que aquellas clasificadas en los niveles bajo y medio-bajo disminuyeron de 15 a seis.

OBRAS PARALIZADAS Y CONTRATADAS

Uno de los principales problemas identificados es la paralización de proyectos de inversión pública. En 22 regiones, más de la mitad de los proyectos administrados por gobiernos regionales o municipalidades se encuentran paralizados o abandonados.

Tumbes y Lima Metropolitana y Callao registran las mayores proporciones, con 72,4%, mientras que Tacna alcanza 43,3% y Moquegua 44,5%. El exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, citado por el IPE, vinculó esta situación con deficiencias en la gestión y una fiscalización inadecuada.

Otro indicador está relacionado con las contrataciones públicas. En 12 regiones, más del 40% de los procesos son adjudicados con un solo postor. Tumbes registra 61,7% y Loreto 53,3%, mientras que Apurímac presenta 14,2%.

El IPE señala que la ausencia reiterada de competidores puede constituir una señal de alerta, debido a que determinados requisitos podrían limitar la participación de proveedores.

También preocupa la concentración del gasto público al cierre del año. En promedio, los gobiernos regionales gastan en diciembre el 16,7% de su presupuesto anual, casi el doble del 8,3% mensual que correspondería si la ejecución fuera uniforme. En Huánuco llega a 25,4% y en Huancavelica a 23,9%.

MÁS DENUNCIAS POR CORRUPCIÓN

El deterioro también aparece en los indicadores relacionados con la percepción ciudadana y la respuesta institucional. En 24 de las 25 regiones aumentaron las denuncias por corrupción desde 2019. A nivel nacional, la tasa pasó de 5.2 a 10.9 denuncias por cada mil trabajadores públicos.

Ucayali registra la mayor tasa, con 21.5 denuncias por cada mil trabajadores públicos, seguida de Áncash, con 19.2.

Asimismo, el IPE reporta un menor porcentaje de expedientes judiciales penales resueltos anualmente, que cayó de 49,4% a 41% de la carga judicial durante el periodo analizado.

La aprobación ciudadana de las gestiones también muestra diferencias importantes. Diez regiones no alcanzan el 15% de aprobación de sus gobiernos regionales y en 12 disminuyó la aprobación de los gobiernos locales respecto de 2019.

El IPE también ubica a Arequipa entre las regiones que combinan menores riesgos de integridad con niveles relativamente altos de competitividad.

Sin embargo, el instituto advierte que una posición favorable en integridad no elimina otras brechas. La competitividad regional depende también de factores como infraestructura, capital humano, seguridad y condiciones para la inversión.

El propio IPE ha señalado previamente que Arequipa mantiene desafíos en materia de instituciones, relacionados con la capacidad de ejecución de la inversión pública y otros indicadores.

El estudio plantea como medidas prioritarias concluir o reformular las obras paralizadas antes de iniciar nuevos proyectos, revisar las contrataciones directas y los procesos con un solo postor, orientar el gasto al cierre de brechas de servicios básicos y fortalecer los mecanismos de control sin paralizar las decisiones técnicas.

Para las nuevas administraciones regionales y municipales, el IRIS coloca así el manejo transparente de los recursos, la eficiencia del gasto y la capacidad de control como desafíos centrales de la próxima gestión.