El Gobierno planteó implementar un régimen de responsabilidad penal diferenciado y seguridad reforzada para adolescentes considerados de alta peligrosidad, como parte del pedido de facultades legislativas presentado ante el Congreso. La medida busca evitar que menores vinculados con delitos graves sean captados por organizaciones criminales durante su permanencia en centros juveniles.

La iniciativa propone establecer una clasificación diferenciada dentro de estos establecimientos, tomando en cuenta la edad, la gravedad de la infracción cometida y el perfil criminológico de cada adolescente. Quienes hayan cometido delitos graves o presenten vínculos con estructuras delictivas serían trasladados a módulos especializados, con mayores controles y vigilancia.

El objetivo es evitar que compartan espacios con adolescentes que cumplen medidas socioeducativas por infracciones menores o que no tienen antecedentes relacionados con actividades criminales.

Para aplicar este sistema, el Ejecutivo plantea modificar el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. La propuesta también contempla fortalecer la rehabilitación y reinserción social mediante la aplicación obligatoria del Plan de Tratamiento Individual (PTI), diseñado según las características personales, familiares, sociales y educativas de cada menor.

Asimismo, se plantea ampliar los programas de formación sociolaboral y el acompañamiento después de la salida de los centros juveniles. La finalidad es facilitar el acceso a educación, salud y empleo, además de reducir los riesgos de reincidencia.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo que los cambios permitirían mejorar la respuesta del Estado frente a organizaciones criminales que utilizan a menores para cometer actividades ilícitas.

MÁS DE 2,600 ADOLESCENTES INTERVENIDOS

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE) del Ministerio Público, entre enero y mayo de este año fueron retenidos en flagrancia 2,640 adolescentes de 14 a 17 años.

Durante el mismo periodo, otros 41 menores de entre 10 y 13 años fueron intervenidos bajo medidas de protección. Cerca del 90 % del total de casos correspondió a varones.

La propuesta deberá ser evaluada por el Congreso en el marco del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.