Por: Ricardo Montero

El 3 de mayo último se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, instituido en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la Unesco. La fecha se eligió para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek (capital de Namibia), en la que representantes de medios de comunicación africanos expusieron los principios de la libertad de prensa.

Es claro que la libertad de expresión –y por extensión la libertad de prensa– son derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional. En esa línea, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Este es un principio que al ser aplicado en toda su extensión repercute positivamente en la marcha de las sociedades. No es un argumento teórico afirmar que la libre circulación de ideas, la transparencia informativa del Estado y la oportuna, correcta y precisa información de los entes privados fortalecen la democracia. La directa consecuencia del libre ejercicio de dar a conocer lo que se piensa “promueve la justicia socioeconómica”, como concluye la Organización de Estados Americanos (OEA).

En el Informe sobre el acceso a la información en el hemisferio, la OEA es contundente al afirmar que las leyes sobre acceso a la información impactan directamente sobre el desarrollo económico de los países. Al respecto, la economista del Banco Mundial Roumeen Islam es terminante: Para que un mercado funcione bien y en forma eficaz es crucial que existan corrientes de información, pues una información insuficiente aumenta los costos de transacción que limitan las oportunidades del mercado.

Una mayor información posibilita un mejor análisis y control de los actos importantes para el bienestar económico y social de las sociedades. Además, una mayor información permite a quienes toman las decisiones económicas y políticas evaluar las oportunidades y gestionar mejor los riesgos. “Da la posibilidad de que las decisiones en los mercados económicos y políticos fomenten el bienestar social”, concluye la OEA.

Tomando como base el Informe sobre desarrollo humano 2002 del Banco Mundial concluiríamos que el libre flujo de la información promueve las instituciones formales, permite a empresas y a ciudadanos interrelacionarse con un mayor y más diverso número de interlocutores comerciales, ayuda a las empresas a conocer y aplicar las nuevas tecnologías y las nuevas formas de organización y gestión, abre los mercados a una mayor competencia y hace que los Estados enfrenten los riesgos con más eficiencia.