Vladimir Cerrón, el controvertido líder de Perú Libre, cumple 184 días (seis meses) evadiendo la justicia peruana tras ser condenado por corrupción en el denominado ‘Caso Aeródromo Wanka’. En el proceso judicial se le halló culpabilidad en el delito de colusión y recibió una pena superior a los tres años de cárcel efectiva.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades por capturarlo, incluyendo una recompensa de S/ 100 000 por información sobre su paradero, Cerrón sigue en libertad, manteniendo una activa presencia en redes sociales y criticando a quienes buscan detenerlo, lo que es considerado como ‘una burla’ por diversos sectores políticos.

El exgobernador de Junín enfrenta cargos por actos de corrupción, incluyendo malversación de fondos públicos y asociación ilícita para delinquir, cargos que el líder de Perú Libre niega rotundamente.

Su escape de la justicia comenzó el 6 de octubre de 2023, luego de que la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, de la Corte Superior de Justicia de Junín, emitiera su veredicto por su implicación en irregularidades relacionadas con el proyecto del aeródromo Wanka. La sentencia del colegiado incluyó una pena de prisión efectiva y el pago conjunto de una reparación civil de 800 mil soles, compartida con otros implicados.

A pesar de ser una decisión de segunda instancia, los acusados no fueron convocados para una comparecencia física ante el tribunal. Esta circunstancia, sumada al tiempo transcurrido entre la emisión de la sentencia y su notificación oficial a la Policía Nacional del Perú, brindó a Vladimir Cerrón la oportunidad de evadir la justicia y mantenerse con paradero desconocido hasta la fecha.

Además del ‘Caso Aeródromo Wanka’, Cerrón enfrenta otras acusaciones graves, incluido un caso de presuntos delitos de lavado de activos y participación en una organización criminal, por lo que un juzgado dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra.

La Fiscalía Anticorrupción de Junín ha intensificado las acusaciones, incluyendo delitos de colusión agravada relacionados con otro caso de resguardo irregular y ha demandado hasta nueve años de prisión.

Vladimir Cerrón Rojas ha logrado esquivar a las autoridades, en parte, engañándolas al no residir en el domicilio registrado en Lima que había proporcionado previamente. Esta astucia ha contribuido a su actual clandestinidad y ha complicado los esfuerzos para su captura.

A pesar de las promesas de captura por parte de altos funcionarios y la propia presidenta Dina Boluarte, quien también es investigada junto a Cerrón en el caso de lavado de activos, la eficacia de las autoridades para detenerlo ha sido limitada.

Han surgido rumores sobre una supuesta protección hacia Cerrón, incluyendo el uso de vehículos del Despacho Presidencial, aunque estas alegaciones son descartadas por el Ejecutivo como meras coincidencias.