El Ministerio Público presentó acusación fiscal y solicitó 10 años y 8 meses de pena privativa de la libertad para el suspendido abogado Rodolfo Orellana Rengifo, procesado por la presunta comisión del delito de cohecho activo específico continuado en agravio del Estado peruano.

La entidad pidió también pena de cárcel para el exmagistrado Edgar Briceño Cárdenas, así como la inhabilitación accesoria y el pago de la reparación civil respectiva para ambos procesados.

La acusación fue formulada por el fiscal Elvis Suárez Ferrer, titular de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Quinto Despacho), quien solicitó al Poder Judicial la pena en contra de Orellana Rengifo y su inhabilitación también por 10 años y 8 meses, como cabecilla de una red criminal.

Solicitó, asimismo, para Briceño Cárdenas, exmagistrado de la Corte Superior de Lima, un total de 9 años con 9 meses y 10 días de cárcel efectiva, con igual tiempo de pena accesoria de inhabilitación.

La imputación de Suárez Ferrer contra los acusados señala que Briceño ofreció dinero a los implicados jueces de paz letrados Luis Chira Ascurra (Huaycán), Laura Márquez Rivera (Magdalena del Mar) y Gustavo Zavala Olcese (Ventanilla), por encargo de Rodolfo Orellana para influir en sus decisiones y admitan que se declaren fundadas las demandas de desalojo en 12 inmuebles ubicados en diversas zonas de Lima.

La presunta comisión de los delitos imputados a la red Orellana datan del 2012, cuando Briceño Cárdenas fue captado y se unió al pacto criminal del líder de los hermanos Orellana.

De acuerdo con la Fiscalía, el exmagistrado cumplió un rol determinado dentro de la organización, como ofrecer donativos –de miles de dólares– a los jueces de paz mencionados, a fin de que las demandas de desalojo sean admitidas y ordenen la toma de posesión de inmuebles.