Debido a la reducida cantidad de personal encargada de procesar los Procesos Administrativos Disciplinarios (PAD), al menos 5 posibles sanciones fueron declaradas como prescritas por no haber sido atendidas dentro del tiempo reglamentario. Aunque desde la Oficina de Secretaría Técnica PAD del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ya informaron que la carga pendiente impediría procesar toda documentación, no se efectuaron acciones y los procedimientos iniciaron a prescribir. 

Como se recuerda, a inicios de marzo la suplente de Secretaría Técnica de Procesos Administrativos, Maria Isabel Rosa Huarachi, informó que dicha dependencia contaba con solo 4 abogados encargados de procesar aproximadamente 4 mil PAD pendientes de esta y otras gestiones. Debido a la reducida cantidad de personal se advirtió sobre el riesgo de que estos procesos administrativos prescriben, como ya ocurrió con más de 11 PAD durante el 2023 y que a finales de abril vuelve a ocurrir. 

A través de las resoluciones ejecutivas gerenciales N° 204, 205, 206, 207 y 208 2024-GRA/GR, el Gore Arequipa informó sobre la prescripción de cinco procesos administrativos disciplinarios contra ex funcionarios de la entidad. Estos procesos fueron declarados como prescritos debido a que el plazo establecido para emitir una sanción administrativa venció. De modo que tras la publicación de los documentos se exime de cualquier tipo de responsabilidad a los trabajadores involucrados. 

El artículo 94 de ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, detalla que: «La competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles recae en el plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado conocimiento por la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, o la que haga sus veces. (…) En todo caso, entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución no puede transcurrir un plazo mayor a un (1) año». 

Ante la numerosa carga de expedientes pendientes, desde la Secretaría Técnica PAD se informó que requieren la contratación de nuevos trabajadores, mismos que –conformados en brigadas– informen sobre los expedientes próximos a prescribir y sobre aquellos expedientes de mayor prioridad (por ejemplo, de abuso laboral o sanciones por negligencia). En ese sentido, se resaltó la necesidad de incrementar el personal para evitar así la prescripción de más expedientes, pero no se concretó. 

Entre los exfuncionarios con PAD prescritos está: Marcelo Alberto Córdova Monroy, gerente de la Autoridad Autónoma de Majes durante el 2019 y que habría incumplido con el código de ética de la función pública en la entidad y no comunicó presuntas irregularidades al Tribunal de contrataciones con el Estado. 

Además, Míriam Rosario Saniz Rojas y Edson Calle Reymer, supervisor y residente en la ejecución de la obra «Ampliación de Electrificación Valle Tambo Valle Aniba, Etapa (Red de Media Tensión 10 KV y Subsistema de distribución secundaria)» que no habrían entregado la documentación solicitada para la liquidación de dicho proyecto. 

Finalmente, se prescribió responsabilidades en la elaboración del expediente simplificado N° 111-SM-2021-GRA-2; mismo que impidió la adquisición de balones de oxigeno de 10 m3 para la central de oxígeno y la planta generadora de oxigeno medicinal en dos establecimientos de salud I-3 en el hospital de majes y el hospital de Aplao. Mismos que fueron retrasados por varios meses por documentación mal elaborada. 

Finalmente hay otros dos PAD que también prescribieron. Todos corresponden a funcionarios que laboraron en el GRA entre los años 2019-2022.