— Redacción Diario El Pueblo —

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

Defensoría respalda decisión

Ello sin perjuicio de otros delitos que se puedan advertir en el curso de las investigaciones, informó la Fiscalía a través de su cuenta oficial en Twitter.

La investigación, inicialmente abierta contra el exministro Juan Silva y seis congresistas, fue ampliada luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones.

Según la Fiscalía, el presidente tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa, y el respeto al artículo 117° de la Constitución Política.

El mandatario, agregó, fue notificado de la presente disposición, y se ha ordenado su declaración indagatoria, en adición a las demás diligencias ya dispuestas anteriormente, las que permitirán el debido y necesario esclarecimiento de los hechos.

DEFENSORIA SE PRONUNCIA

La Defensoría del Pueblo, vía Twitter, se pronunció acerca de la decisión del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de ampliar la investigación preliminar contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por «la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada».

«Consideramos importante la decisión de la Fiscalía de ampliar investigación contra el presidente de la República por su presunta participación en una organización criminal y la posible comisión de actos de corrupción en el sector transporte durante su gobierno», señalaron en su tweet.

Además, señalaron que se debe «continuar con actos de investigación» a fin de que se pueda determinar la responsabilidad de los involucrados «y evitar la impunidad».

También resaltaron que, el pasado 4 de abril, solicitaron al Fiscal de la Nación que se reconsidere la decisión de su antecesora, Zoraida Ávalos, de suspender las diligencias de investigación al Presidente «hasta el final de su mandato».

«Si bien tal decisión responde a una línea de interpretación que ha venido asumiendo el Ministerio Público, consideramos necesario reexaminarla a la luz de una interpretación de la Constitución más acorde con el deber constitucional de combatir la corrupción y la plena vigencia del nuevo modelo procesal penal en el país», señalaron en un oficio remitido al Ministerio Público en esa fecha.