Por: Carlos Meneses

Las ONG que dirigen peruanos y que reciben apoyo de naciones extranjeras no deben ser un motivo de diferencia entre el Perú y los países que han censurado un posible control de sus programas de ayuda por parte de los peruanos.

Los ministros de Relaciones Exteriores (RR.EE) están encargados de las buenas vinculaciones del régimen y del país al que representan ante sus similares extranjeros y cuando cometen imprudencias en el hacer o en el decir merecen llamadas de atención o medidas más extremas por mal servicio a la comunidad a la que representan.

Eso es lo que ha ocurrido en oportunidad de recordarse el 80 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Canadá y Perú, cuando a invitación del embajador del país del norte de América acudió Javier González-Olaechea para pronunciar un discurso a todas luces desacertado.

González-Olaechea criticó la firma del embajador canadiense junto a otros 16 representantes de naciones que en Perú contribuyen económica y técnicamente con el trabajo de la ONG que operan aquí. Es verdad que pueda no gustar a los diplomáticos citados el que en el Congreso se haya aprobado un proyecto de ley que permitiría el control del gobierno peruano sobre los aportes económicos de las ONG en el Perú, pero no era ni la oportunidad de decirlo ni mucho menos el modo de hacerlo.

No creemos que la imprudencia cometida tenga consecuencias y que simplemente el decir de González-Olaechea será ignorado por el diplomático canadiense que se quedó de una pieza cuando escuchó las palabras del ministro de RR.EE. Lo dicho por González-Olaechea no se entiende como un acto de retribución a la cortesía canadiense, máxime si no se ha adoptado una decisión final sobre el tema.