Retrasan recuperación de terrenos eriazos en el Cono Norte
A pesar de las solicitudes de la Procuraduría Regional de Arequipa, hasta la fecha no es posible efectuar acciones de recuperación en los terrenos ocupados ilegalmente por el Común de los Zeballos. El área de Asesoría Jurídica de la PNP denegó el apoyo para proceder con la toma de posesión de esos espacios por estar judicializados. Lo que ha paralizado el proceso de recuperación durante –por lo menos– un mes.
Llama la atención la respuesta de la PNP toda vez que a inicios de marzo de este año el Tribunal Constitucional (TC) dio fallo favorable para que el GRA recupere la posesión de aproximadamente 70 mil hectáreas de terrenos eriazos ocupados irregularmente por los denominados como ‘El Común de Los Zeballos’. Sin embargo, tres meses después la Procuraduría Regional de Arequipa no ha podido proceder con la ocupación de los terrenos ubicados en el Cono Norte por la negativa del área de Asesoría Jurídica de la PNP, que no quiere brindar el apoyo policial para retirar a los ocupantes de esa extensión de tierra.
«Nos indican que no se pueden realizar las intervenciones porque hay expedientes judicializados que les impiden intervenir. Algo que –desde nuestro punto de vista– es ilegal. Un protocolo no puede ir por encima de la ley. (…) La Policía no es quien para determinar la propiedad. Nosotros estamos recuperando la posesión. La propiedad del bien se discute a nivel judicial. Por eso nosotros lo hemos puesto en reconsideración», declaró la procuradora regional de Arequipa, Amparo Begazo Burga.
De momento, la recuperación de 600 hectáreas de terreno ubicadas en el kilómetro 16 de Yura se ha paralizado gracias a la negativa de la Policía. Esta situación se podría repetir en otros procesos de recuperación de terrenos ocupados por el Común de los Zeballos. Ante ese escenario, Begazo Burga recordó los artículos 65, 66 y 67 de la Ley N° 30230, que establece que las entidades públicas deben adoptar las medidas necesarias para la defensa administrativa y judicial de los bienes estatales de su propiedad.