Por: María Victoria Sáenz

Del 6 al 10 de junio del 2022 se desarrollará en Los Ángeles (Estados Unidos) la novena Cumbre de las Américas. Desde 1994, este evento continental reúne cada tres años a los jefes de Estado de los países de América Latina, del Caribe, y de América del Norte.

Más allá de la agenda formal establecida –y de lo que se concreta realmente de ella–, estas reuniones son un buen pulso para medir las relaciones entre Estados Unidos y los países de la región. En los años 90, Estados Unidos aprovechó la recomposición global en torno a un neoliberalismo triunfante para intentar la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio en las Américas (ALCA) y la dolarización de toda la región. Esta propuesta de arquitectura económica fue presentada en la segunda y tercera Cumbre de las Américas entre 1998 y 2001, sin contar con el consenso necesario.

A partir del 2002, la correlación de fuerza empezó a cambiar en el continente, pues llegaron al poder numerosos gobiernos progresistas cuyas diplomacias soberanas se inclinaron más a la búsqueda de mecanismos de integración, que a asumir una posición subordinada al orden económico planteado por Washington. El 2005, la Cuarta cumbre de las Américas (Mar del Plata-Argentina) fue la “tumba del Alca” y un duro golpe para la hegemonía regional de EE. UU.

Hoy, a vísperas de la novena Cumbre de las Américas, soplan otra vez aires turbulentos. El presidente de Estados Unidos declaró que Venezuela, Nicaragua y Cuba no serán invitados y dicha exclusión unilateral ha levantado una ola de críticas. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), los países de la Comunidad del Caribe (Caricom), además de Bolivia, Honduras y México han cuestionado la discriminación asumida por el gobierno de Joe Biden. Según advirtieron las respectivas vocerías de estos países, de no existir rectificación, solo enviarán una representación diplomática formal en lugar de asegurar la presencia del jefe de Estado, restándole así importancia a esta Cumbre.

Por otra parte, en protesta contra de unas declaraciones injerencistas de EE. UU., el presidente de Guatemala, Alejandro Giammatei, declaró que no asistirá a la Cumbre, al igual que su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro, quien tampoco hará acto de presencia en Los Ángeles, por discrepancias con el presidente Biden.

Esta crisis diplomática es reveladora. En un mundo multipolar naciente, Estados Unidos se aferra a una postura intransigente con los países que no están alineados a sus políticas e intereses. Hoy es evidente que muchos países de la región reclaman mayor deliberación y decisiones conjuntas, rechazando la coerción y el unilateralismo. No se trata de que Latinoamérica vire hacia otra gran potencia como Rusia o China, ni tampoco de alinearse con los modelos políticos de Cuba, Venezuela o Nicaragua, sino de construir un espacio de integración que favorezca el desarrollo de los países de la región, sin imposición ni sujeción. Se trata de poder decidir con qué país intercambiar sin recibir amenazas o sanciones, y de privilegiar el intercambio con los países de la región a fin de crear una prosperidad homogénea para todos.

El Perú debe sumarse a este movimiento regional y apostar por el fortalecimiento de la Comunidad Andina y la CELAC, así como al relanzamiento de la Unión de Naciones del Sur (Unasur). Es momento de atender prioritariamente propuestas concretas como el proyecto lanzado por México, que propone la creación de una organización regional de países productores de litio. Solo la construcción de una política soberana e integracionista permitirá la emancipación y el desarrollo sostenible del país, alejada de cualquier dependencia y vaivenes de las relaciones entre grandes potencias. Latinoamérica para los latinoamericanos.