Fiscalía formalizó otras dos investigaciones por muertes y lesiones en protestas
El Ministerio Público informó este sábado que ha formalizado dos nuevas investigaciones preparatorias por las muertes de manifestantes ocurridas durante las protestas sociales que iniciaron el 7 de diciembre del 2022 y se extendieron a los primeros meses del 2023. Son en los departamentos de Lima, Apurímac, Arequipa, Puno, Cusco, La Libertad, Ucayali, Junín y Ayacucho.
La Fiscalía indicó que, a través del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, se tiene ahora un total de 20 investigaciones preparatorias que ya se encuentran en etapa de formalización.
EN PUNO Y APURÍMAC
El Ministerio Público puntualizó que los casos se refieren a hechos ocurridos en las regiones de Puno y Apurímac.
El primero corresponde a la investigación por los delitos de lesiones graves, lesiones leves y abuso de autoridad en contra del comandante de la Policía Nacional Segundo Martín Ocampo Aguirre; por los hechos ocurridos en las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac, en la ciudad de Juliaca; donde cuatro personas resultaron heridas.
El segundo caso tiene relación con los sucesos del 12 de diciembre de 2022 en las inmediaciones de la Comisaría de Chincheros, en Apurímac; donde falleció el menor R.P.M.L. y dos personas fueron heridas a consecuencia del enfrentamiento entre manifestantes y efectivos policiales.
Por ese caso, son investigados el excomandante general de la Policía Nacional, general PNP Raúl Enrique Alfaro Alvarado; el exjefe del Frente Policial de Apurímac, general PNP Luis Jesús Flores Solís; el jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros, coronel PNP Alexis Luján Ruiz; y los oficiales PNP Carlos César Cuya Campos y Litman Peña Pacheco.
La Fiscalía resaltó que, a la fecha, son 20 las investigaciones preparatorias formalizadas en los departamentos de Lima, Apurímac, Arequipa, Puno, Cusco, La Libertad, Ucayali, Junín y Ayacucho; las cuales involucran a 160 miembros de la Policía Nacional y el Ejército imputados por las muertes y lesiones en agravio de 274 ciudadanos.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, podría tener responsabilidad penal por las muertes de manifestantes en las protestas sociales que se produjeron en el país entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, según las evidencias obtenidas por Amnistía Internacional (AI).
