NUEVA PUGNA DE PODERES

La ley fue promulgada por insistencia por el Congreso el pasado 9 de agosto, puesto que el Ejecutivo no quiso ni promulgarla ni observarla.

La Junta de Fiscales Supremos ha levantado su voz. De manera unánime los fiscales supremos han concluido que la Ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra atenta contra los Derechos Humanos.

En comunicado publicado, los fiscales supremos sostienen que la ley se contrapone a los estándares internacionales, reconocidos por tratados de carácter regional y universal que el Perú ha ratificado. Los fiscales mencionan una larga lista de casos que están en investigación, en etapa de juicio oral e incluso con sentencia y que se verán afectados.

La ley fue promulgada por insistencia por el Congreso el pasado 9 de agosto, puesto que el Ejecutivo no quiso ni promulgarla ni observarla. Los fiscales anuncian que presentarán una demanda de inconstitucionalidad contra la ley. ¿Por qué hemos llegado a esta situación?

Sin duda porque el Congreso actuó precipitadamente sin consultar con especialistas independientes ni escuchar a los operadores de Justicia que son los que tienen que aplicar las leyes penales que el Congreso aprueba y que el Ejecutivo promulga o deja de promulgar.

El comunicado de los fiscales se produce en momentos en que se halla en Lima el Relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se reunió con el primer ministro y otros miembros del Ejecutivo.

Gustavo Adrianzén declaró ayer en RPP que los miembros del gabinete no alcanzaron un acuerdo sobre la Ley propuesta por el Congreso y que por eso decidieron abstenerse. Adrianzén declaró también que el gobierno se ha comprometido a poner en práctica todas las recomendaciones de la Corte en materia de supervisión de sentencias.

Se verá ahora cómo reaccionarán el Gobierno y el Congreso, para evitar que se agrave la imagen del país que desacata a la Corte y reniega de sus compromisos internacionales. Peor aún, el Alto Comisionado de la ONU para DDHH sostiene que la ley de lesa humanidad choca con valores básicos de la comunidad internacional y fomenta la impunidad.