Por: Ricardo Montero Reyes

Los accidentes de tránsito son responsables, en promedio, de la muerte de una persona cada 24 segundos en todo el mundo. Eso significa que más de 3,000 personas mueren en un día a causa de ese tipo de accidentes, de las cuales 500 son niños. En el Perú, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre el 2010 y octubre del 2021 murieron 34,557 personas por accidentes de tránsito, lo que da una media anual de 2,879 personas fallecidas. Del total, 5,694 fueron menores de 17 años.

Esta tasa de mortalidad habría sido más alta si por causa del covid-19 no hubiéramos vivido en confinamiento gran parte del 2020 y si no se hubiera restringido la circulación de personas durante el 2021. Así, de 6,354 fallecidos en accidentes de tránsito que se registraron en el 2018 y 2019 pasamos a 4,212 en el 2020 y 2021 (enero-octubre).

Esta reducción del orden de un 33% irremediablemente se incrementará conforme se vayan restableciendo las actividades públicas y privadas. Por lo pronto, las estadísticas de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) nos están lanzado una seria advertencia: de enero a febrero de este año han fallecido 152 personas por accidentes de tránsito ocurridos en carreteras del país, un 56.70% más respecto a lo ocurrido en febrero del 2021.

El Perú es suscriptor del Plan Mundial Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, elaborado por la Organización Mundial de la Salud y las Comisiones Regionales de la ONU. Una de las metas del acuerdo es reducir en ese período al menos en un 50% las defunciones y traumatismos causados por el tránsito, pues se entiende que los accidentes de tránsito son una de las más graves amenazas para el desarrollo sostenible de los países, sobre todo para aquellos como el nuestro, en vías de crecimiento, porque además de lesiones y muertes generan elevadas pérdidas económicas.

En el país, el programa Provías Nacional calcula en 350 millones de dólares anuales el costo de los accidentes viales, monto que se incrementará conforme crezca el parque automotor y no se adopten acciones de prevención.

Ante esta situación, la ONU ha subrayado que la seguridad vial no puede verse amenazada o sacrificada a cambio de satisfacer otras necesidades sociales, ni debería abordarse como una cuestión independiente, sino como un componente integrado de muchos programas políticos diferentes, incluidos los que se ocupan de la salud infantil, la acción climática, el género y la equidad.

Ante tal situación, este es el momento de actuar porque mejorar la seguridad vial no solo contribuirá a reducir los costos económicos, sino que también contribuirá a reducir los costos sociales, pues mejorará la salud de todos y la conservación ambiental. Por ello, la ONU recalca que si pasamos la seguridad vial al centro de nuestros esfuerzos, la movilidad pasará a ser automáticamente un derecho humano.