Por: Pedro Herrera, economista principal del Consejo Privado de Competitividad

PERÚ COMPETITIVIDAD

Según la literatura, el capital humano es uno de los principales determinantes del crecimiento económico. Dado que el capital humano representa un factor de producción, su mayor acumulación permite incrementar la tasa de crecimiento económico, y los niveles de productividad de la economía (Nelson y Phelps 1966; Romer 1990; Benhabib y Spiegel 1992). En el Perú, sin embargo, diversas medidas aprobadas recientemente atentan contra la acumulación de capital humano. Esto impactará negativamente en el bienestar y desarrollo del país en los próximos años.

Uno de los principales factores de acumulación de capital humano es la calidad del docente. Su desempeño es clave para contribuir a la calidad educativa, la cual se asocia a la idoneidad profesional del docente, su capacidad para generar espacios de construcción de conocimientos, y a la especialización permanente para responder eficazmente a la demanda educativa. En el 2012 se aprobó la Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944) con el objetivo de asegurar la calidad educativa mediante el establecimiento de una carrera pública magisterial basada en la meritocracia. Se estableció que los docentes pasen por evaluaciones de desempeño y distintos concursos públicos a nivel nacional para obtener ascensos o bonificaciones.

Sin embargo, se viene petardeando la Carrera Pública Magisterial (CPM). En abril de 2024 el Congreso de la República aprobó por insistencia la Ley 31996 que promueve el retorno de los docentes interinos a la CPM. Estos docentes habían sido nombrados temporalmente y fueron retirados tras culminar sus labores interinas. La ley ha establecido una evaluación excepcional para que estos docentes sean restituidos, la cual tiene en cuenta solo la competencia pedagógica y la trayectoria profesional del profesor. Es decir, los docentes interinos serán evaluados mediante un proceso menos riguroso, lo cual atenta contra la meritocracia, y la calidad del docente. Según el MINEDU (2024), 14 mil docentes interinos cesados se beneficiarían con esta norma.

A este despropósito se le suma la reducción de la valla de la Prueba Única Nacional (PUN), el cual es la puerta de ingreso de los docentes a la CPM. Hasta el 2019, la PUN se componía de 3 subpruebas (comprensión lectora, razonamiento lógico y conocimientos pedagógicos) cada una con puntaje mínimo, requiriéndose en total un puntaje no menor a 120 puntos para pasar a la siguiente fase (etapa descentralizada). Sin embargo, en el 2022, la PUN redujo el número de subpruebas de 3 a 2. Estas ahora corresponden a (i) habilidades generales, que no cuentan con un puntaje mínimo, y (ii) conocimientos (pedagógicos, curriculares y disciplinares), que tienen un puntaje mínimo de 84 puntos, requiriéndose en total ya no 120 puntos sino 110 para pasar a la siguiente etapa. Como resultado, en el 2019, 7.5% de docentes aprobaron la PUN, mientras que en el 2022 fueron 46.3%. Más postulantes han accedido a la posibilidad de nombramiento docente pero no por un mejor desempeño en el examen si no porque ahora el examen de ingreso a la CPM es más fácil.

Otro factor que explica la acumulación de capital humano es la calidad del centro de formación educativa. Poniendo el foco solo en el ámbito universitario, también encontramos retrocesos. Recientemente, en agosto de 2024, el Congreso de la República publicó la Ley 32105 que estableció que la licencia otorgada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) sea permanente. Es decir, ahora las universidades ya no estarán obligadas de cumplir recurrentemente con las condiciones mínimas de calidad para poder operar, si no basta que la cumplan una sola vez. En diversos países del mundo (por ejemplo, Inglaterra, y Alemania) las licencias de funcionamiento son temporales. Esto impactará definitivamente en la calidad de la oferta formativa universitaria y en la acumulación de capital humano.

Este conjunto de malas medidas destruirá el limitado capital humano que contamos y no permitirán que lo sigamos acumulando. Esto implicará un menor crecimiento económico y bajos niveles de productividad a futuro. Es esencial parar la destrucción del capital humano y establecer una agenda mínima de consensos para recomponerlo. El Congreso de la República no impulsará estas medidas, y el Poder Ejecutivo no cuenta con el capital político para ello. La presión para la implementación de las medidas de recomposición del capital humano debe ser una exigencia de la sociedad civil organizada.