Por: Carlos Meneses

Mejor sería que el Congreso confíe la tarea del buen funcionamiento de la justicia a los poderes superiores que correspondan a la labor de los magistrados como, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia o un organismo que pueda realizar labores que actualmente están encomendadas a la JNJ.

La Conferencia Episcopal Peruana se sumó a la declaración del presidente del Poder Judicial del Perú, Javier Arévalo respecto a un proyecto de ley presentado por el miembro de la junta directiva del Congreso y hermano de Vladimir Cerrón sobre crear una comisión que vele por la buena labor de jueces y fiscales en el Perú como un intento totalitario y antidemocrático y no constitucional.

Los jueces y fiscales también se han pronunciado en contra de lo que consideran un atentado a la lucha contra el crimen al pretender intervenir en el poder encargado de controlar el incremento de una ola delincuencia en todo el Perú.

Arévalo informó a la prensa que el Poder Judicial acudirá a las instancias legislativas para que se respete la independencia de este poder del Estado en todo lo que concierne y que le sea competente. Por su parte, los obispos del Perú han suscrito una declaración igual o semejante defendiendo que las tareas de fiscales y jueces sean respetadas a plenitud y no como acaba de ocurrir en Venezuela, donde los magistrados han evidenciado solo obedecer las directivas políticas de gobierno.

Ante la situación que se confronta las comisiones encargadas de analizar el proyecto de Waldemar Cerrón han empezado su labor, en la mayoría de los casos están de acuerdo con que es inconveniente al igual que el Colegio de Abogados de Lima.

El hermano de Waldemar Cerrón, Vladimir, se encuentra actualmente y desde hace un año en calidad de prófugo de la justicia peruana, la Policía no lo halla y tampoco lo han podido detectar los servicios de inteligencia. Se cree que el propósito de Waldemar es limitar las acciones de búsqueda y obstruir el que lo encuentren los policías que presuntamente lo persiguen.