Inaudito y repudiable. El congresista de la República, Edwin Martínez Talavera, intentó frustrar un desalojo a invasores en el asentamiento humano Villa El Mirador en el distrito de Uraca-Corire. Este acto podría constituir un presunto delito de tráfico de influencias, pues el parlamentario aludió a su cargo para exigir vía telefónica explicaciones sobre la recuperación de terrenos.

Durante la última semana, la Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Castilla ha llevado a cabo diversas acciones de recuperación de predios estatales invadidos en la jurisdicción. En medio de una acción de desalojo el miércoles 28 de agosto, el parlamentario Edwin Martínez Talavera habría sido llamado telefónicamente por un presunto invasor para detener la recuperación de terrenos parte de la procuraduría. 

En un video publicado en la página de la Municipalidad Provincial de Castilla, se observa a uno de los invasores realizando una llamada telefónica al congresista. Posteriormente, se escucha a Martínez Talavera identificarse como congresista de la República en dos ocasiones y exigir hablar con la procuradora encargada de la recuperación. Al estar en altavoz, se le oye decir: «Para proceder con un desalojo se debe hacer todo un proceso. Según lo que nos indica el señor, allí no se hizo ningún tipo de proceso y están desalojando. ¿En mérito a qué proceden a hacer un desalojo?», pregunta.

En respuesta, la procuradora provincial de Camaná, con encargatura en Castilla, Dixie Rodríguez Cervantes, señaló que intentar detener una acción de recuperación apelando a un cargo es «tráfico de influencias». Dado que Martínez Talavera no era abogado del invasor, la procuradora continuó con el desalojo en cumplimiento del artículo 65 de la ley N° 30230, la cual dispone que las entidades del Estado, mediante sus Procuradurías Públicas, deben repeler todo tipo de invasiones u ocupaciones ilegales en terrenos del Estado.