Por: César Gutiérrez – El Montonero

Desde el año 2016 en las ciudades de Mollendo e Ilo existe, en cada locación, una central de generación térmica dual (gas natural o petróleo diésel) de 720 megavatios (MW). Estas centrales podrían operar en cualquier momento, pero debido a la carencia de suministro de gas natural (GN) en cantidades suficientes, solo lo pueden hacer a petróleo diésel (D2), lo que sería sumamente ineficiente. El costo variable de operación con D2 es 6.86 veces más costoso que el de una central eficiente a GN. En los últimos seis años se han utilizado poquísimas veces esta infraestructura, sobre todo ante las limitaciones que presentaba la línea de transmisión (Mantaro-Socabaya), que une el centro con el sur del país.

El otorgamiento del derecho a estar instaladas se dio en el último trimestre del 2013, a las empresas Kallpa (Mollendo) y Engie (Ilo). Como ocurre en estos casos, se les garantizó un ingreso mensual pagado por los consumidores, hasta que pudiesen tener clientes propios. Para el período mayo 2022 – abril 2023, el monto a pagar anualmente por ambas centrales asciende a S/ 395 millones, siendo el beneficio actual inexistente; y a futuro será ineficiente, por los altos costos de operación.

Las centrales se proyectaron para darle una demanda al Gasoducto Sur Peruano (GSP), que se licitó y otorgó en junio del 2014. Pero en enero del 2017 se dio la caducidad de la concesión por falta de cierre financiero, dadas las limitaciones financieras de su principal accionista, la brasileña Odebrecht, sometida a denuncias en Brasil desde julio del 2015.

La pregunta cae de madura ¿con el esquema actual del GSP será posible que las termoeléctricas dispongan de GN? Mi percepción es que la posible reactivación de ese proyecto linda con lo imposible; está muy contaminado en el ámbito social y político, más aún cuando se tenga el desenlace del proceso arbitral que nos han interpuesto los principales accionistas del consorcio. Es altamente probable que el Estado tenga que pagarles US$ 2,000 millones por el valor contable neto de los bienes.

Se ha practicado el despropósito más lesivo para el país: vía Decreto de Urgencia (DU-01-2017) se comprometió al Estado a pagar la custodia de los bienes, que será el argumento principal de los demandantes ante el tribunal arbitral en el CIADI, en Washington. Hay responsabilidades de quienes promulgaron esta medida. El contralor Nelson Shack, tan locuaz en otros casos, en este ha optado por el mutis.

En estas condiciones hay que buscar una salida para el uso de la capacidad instalada, que es de 1,440 MW, y para ello es necesario darles suministro de GN. Una alternativa que puede ser de rápida implementación es licitar la construcción de un ducto costero entre Humay (Pisco) e Ilo, con una derivación a Mollendo. Estamos hablando de un tendido en cerca 1,000 km en terreno plano, zona desértica principalmente, que no debería significar mayores oposiciones comunitarias. Además, el costo constructivo será mucho menor que el GSP, y si en algún momento en el largo plazo se desarrollará aquel proyecto, sería una vía redundante para atender a la región Lima.

Para que esto se haga realidad, el transportista de GN entre Camisea y Lima, Transportadora de Gas del Perú (TGP), tendrá que hacer algunas ampliaciones en sus instalaciones y el Operador del Lote 88, la argentina Pluspetrol, mostrar la mejor disposición para el suministro del gas.

Hay un tema fundamental en este planteamiento, que el gobierno no eche sombras a la inversión extranjera, y que la clase política decida apoyar. De no ocurrir esto, más temprano que tarde se producirá el reclamo del pago garantizado, que se viene haciendo desde hace seis años.