Por: Carlos Meneses

La creación de un nuevo equipo policial de inteligencia para enfrentar el incremento de la delincuencia en Lima está a prueba y quien debe aprobarla es la ciudadanía en general.

El gobierno ha decretado estado de emergencia para atender situaciones incómodas para la ciudadanía con relación a la seguridad pública con respecto a casos de sicariato y extorsiones. La mayoría de la población está convencida que en las oportunidades en que se aplicó esta fórmula no hubo éxito en la respuesta y por eso la decisión de la presidenta Dina Boluarte y del gabinete Adrianzén no han sido respondidos favorablemente por los 12 distritos, después elevado a 14 de barrios limeños, que son perjudicados por el incremento de delincuencia y la inoperancia policial.

Los estados de emergencia no han funcionado en la forma esperada cuando han sido confiados enteramente a la Policía Nacional del Perú (PNP), pero se espera una situación diferente si también intervienen en las acciones de apoyo las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y se aplica, por ejemplo, el estado de toque de queda que se confiaría a la acción del Ejército, Marina y Aviación.

Los transportistas que decretaron un día de paro general, en Lima, han dado un plazo de 30 días para que se demuestre con hechos el buen deseo del gobierno de detener la violencia en la capital. Es evidente que ello también traerá consigo la dimisión del gabinete Adrianzén, pues quedaría demostrada su ineficiencia como gobierno y se cobraría la consecuencia en el cambio del titular del Interior.

Es de preocupar esta circunstancia, así como la evidencia de que se ha creado un organismo de inteligencia con 200 efectivos que jugarán un papel trascendente en la consecuencia de esta nueva forma de enfrentar la lucha contra la delincuencia que ha llegado a comprometer la estabilidad del gobierno y la necesidad de aplicar una política diferente a la anteriormente utilizada.