PARLAMENTARIA LLEVA CHALECO ANTIBALAS

La congresista Ariana Orué (Podemos Perú) reveló ayer jueves ante el pleno su preocupación por la criminalidad que afecta al país y cómo este panorama ha impactado su vida personal. “Me solidarizo con transportistas, comerciantes y todas las personas que sufren la inseguridad”, dijo al detallar que es víctima de amenazas y actos de reglaje.

La legisladora, accesitaria del fallecido legislador Enrique Wong, indicó que emplea un chaleco antibalas desde hace un mes y que ha solicitado garantías de vida. “Desde que asumí el cargo, lo primero que hice fue fiscalizar a las autoridades chalacas. Desde entonces, he sido víctima de reglaje e incluso he tenido que solicitar garantías de vida para resguardar mis funciones”, declaró posteriormente en una rueda de prensa.

Orué mencionó que ha fiscalizado al Hospital Alcides Carrión, así como a la alcaldía provincial y al Gobierno Regional del Callao. “Conozco el tema de la inseguridad, sobre todo en el Callao, porque en un día mueren cinco personas. En mi casa han intentado ingresar por la puerta del segundo piso. Recibo llamadas telefónicas que no contesto”, señaló.

“Como nunca se ha visto en el Callao fiscalizar a las autoridades, y como justamente hemos trabajado de manera transparente, vienen pasando estas cosas. Gente muy cercana a mí habla que van a sus casas a amenazar con balazos, indicando que no se pueden oponer o tener una opinión distinta a las autoridades”, agregó.

La parlamentaria también cuestionó la efectividad de la seguridad que le ofrece el Estado a través de un agente. “No es suficiente. No es solo domiciliaria, sino que debe acompañarme en el transcurso de mis funciones. Prácticamente, de madrugada ya no tengo seguridad”, señaló.

Las declaraciones de Orué coinciden con el paro realizado por transportistas urbanos para denunciar la ola de extorsión que enfrentan, al cual se sumaron bodegas y pequeñas tiendas de alimentación. El mes pasado, la Asociación Nacional de Bodegueros informó que alrededor de 3,000 comercios han cerrado en Lima debido a extorsiones que surgieron tras la pandemia.

Los transportistas ya habían realizado una paralización la semana anterior para exigir seguridad, luego de que al menos tres personas fueran asesinadas en incidentes recientes. La situación se agravó el lunes por la noche, cuando un pequeño bus en Callao fue escenario del asesinato de cuatro personas, incluido el conductor. Tras la primera protesta, que tuvo gran apoyo ciudadano y empresarial, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en 13 de los 43 distritos de Lima y uno en Callao por 60 días.

En esta ocasión, los transportistas demandaron la derogación de una controvertida ley sobre crimen organizado, criticada por especialistas por dificultar su combate, y rechazan una propuesta gubernamental que clasifica como “terrorismo urbano” delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro.

La presidenta Dina Boluarte ha calificado la inseguridad ciudadana como una forma de “terrorismo” y reiteró su postura de responsabilizar a los migrantes de la criminalidad, a pesar de que sus afirmaciones no coinciden con datos oficiales.

“Es imperativo que hagamos el esfuerzo de unirnos y derrotar el nuevo terrorismo criminal que, en el afán de obtener dinero ilícito por medio de la extorsión y el asesinato, está quitándole la vida a los peruanos y destruyendo sus bienes materiales. Es una amenaza a nuestra patria la presencia de bandas criminales internacionales que, actuando solas o unidas a criminales peruanos, buscan echar raíces en nuestra patria”, señaló en su discurso por el Combate de Angamos y aniversario de la Marina.

Destacó la necesidad de que el Estado y la sociedad colaboren para prevenir que bandas criminales, tanto internacionales como locales, arraiguen en el país. “Estamos en lucha contra este nuevo terrorismo que amenaza nuestros hogares y busca destruir el tejido social mediante el miedo, derramando sangre”, enfatizó.