Por: Carlos Meneses

Las comisiones parlamentarias deberían decidir cómo se adecúan al combate contra las extorsiones y el sicariato.

Los transportistas limeños que proyectan un paro nacional para conseguir reformas de sanción que derivaron de desórdenes en Lima, no se ponen de acuerdo si deben eliminarse o cambiarse las normas que el Poder Ejecutivo y el Congreso están aprobando con respecto al tema. Se trata de ver en qué medida y forma se protege a los transportistas de las extorsiones de que son objeto por parte de grupos delincuenciales.

Lo más grave del problema es que quienes intervienen en semejante esfuerzo son por igual empresas formales y grupos informales que tuvieron participación en los 2 días de paro que afectaron a Lima.

Un sector duro de los parlamentarios, liderados por Renovación Popular, tiene la idea de no cambiar ninguno de los planteamientos ya propuestos y que han sido aceptados por mayoría congresal. Hay quienes no comparten ese criterio, como el parlamentario Jorge Montoya, de Renovación Popular, quien cree que los informales no merecen el mismo trato que los que ajustan sus labores a normas vigentes y cree prudente sancionar por igual a todos los que violen normas, sean formales o informales.

Ese es el gran problema por resolver y también si se puede dar igual trato a los que cumplen con la ley y a los que no lo hacen. En los próximos días se espera arribar a una propuesta uniforme, que no contradiga políticas estatales de tratos diferentes a quienes cumplen con lo mandado por las leyes y los que no lo hacen. Ahí está la gran diferencia y sobre ellas y sus formas de aplicación deberán decidir las comisiones parlamentarias encargadas de ver los casos.