Por: Carlos Meneses

La apelación es un recurso legítimo que tienen los condenados cuando son sentenciados por los jueces. Su ratificación o modificación es la oportunidad de que hay justicia en el Perú o que la acción de los juzgadores se ajustó a la ley.

El presidente Toledo tendría que vivir 100 años para cumplir la condena impuesta por un tribunal a sus maniobras con Odebrecht, a propósito de la carretera construida por los brasileños y que supone una coima de más de 30 millones de dólares.

En buen romance eso quiere decir que el exjefe de Estado, que fue de todos los peruanos, no podrá morir en su casa como él desearía, pues nacido el 28 de marzo de 1946 tendría que vivir un siglo para cumplir con mandato judicial.

Así que lo más probable es que los jueces que vean la apelación reduzcan la pena para que en realidad esta no sea a perpetuidad y Toledo, ahora condenado a 20 años y 6 meses, quizá alcance el deseo de estar algún día en libertad y de morir en su casa.

Habrá quienes discrepen de la idea, pero eso sería un acto de indulgencia para con quien mereció, en algún momento, los votos de la mayoría de ciudadanos que se equivocaron al elegirlo, pero no al extremo de verlo morir en un penal.

El derecho de apelación es una instancia que los magistrados tienen para reevaluar los alcances de su fallo y de ser absolutamente justos concedan al culpable la oportunidad que las leyes le dan para que se revise su condena.

En todo caso, la condena a un exmandatario sigue siendo un caso único en la historia del Perú y sería agradable para todos que esta sea lo más apegada a la ley y a la justicia. Así como también suponemos que sería prudente que el decir de Toledo contra la madre del fiscal que lo acusó sea rectificado por quien no tenía necesidad de usar el recurso para que no aparezca indebido para quienes le escucharon.