Admite a trámite denuncia constitucional

 contra Presidenta por muertes en protestas

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó ayer viernes el informe de calificación que recomienda admitir a trámite la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público contra la presidenta Dina Boluarte, por las muertes ocurridas durante el estallido social que inició en diciembre del 2022.

Dicho informe se refiere a la Denuncia Constitucional N° 509 presentada por el exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena, el pasado 30 de julio, en la que señala a la jefa de Estado y a varios de sus ministros por la presunta comisión por omisión de los delitos de “homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves”, los cuales habrían tenido como saldo 44 fallecidos y 116 heridos. 

La denuncia también alcanza a los expresidentes del Consejo de Ministros, Pedro Angulo y Alberto Otárola, a Jorge Luis Chávez Cresta, exministro de Defensa; y a César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, exministros del Interior, como supuestos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de violaciones a los derechos humanos.

El referido informe fue aprobado con 13 votos a favor, 5 en contra y cero abstenciones. Los votos a favor fueron de María Acuña (APP), Jorge Montoya (Honor y Democracia), Patricia Chirinos (Avanza País), Diego Bazán (Renovación Popular), Ariana Orué (Podemos), Flavio Cruz (Perú Libre), Américo Gonza (Perú Libre), Jorge Coayla (Juntos por el Perú – VP), Esdras Medina (Renovación Popular), Luis Aragón (Acción Popular), Elvis Vergara (Acción Popular), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) y José Jerí (Somos Perú).

Los votos en contra fueron de los congresistas de Fuerza Popular, Víctor Flores, Nilza Chacón, Martha Moyano, Luis Ventura; y de la parlamentaria Nelcy Heidinger (APP).  

FUNDAMENTOS

Según sustentó el abogado Juan Pablo Pineda en la SAC, la jefa de Estado no habría cumplido «con los deberes funcionales asignados a su cargo, como la obligación de garante de la vida de la población que participaba o se encontraba durante las protestas sociales que se llevaron a cabo en varias regiones del país, desde el 7 de diciembre del 2022, a causa de su asunción al mandato presidencial».

«[Dina Boluarte] tenía autoridad sobre altos mandos militares y policiales en dichas protestas; asimismo, tuvo conocimiento del inicio de su mandato sobre las protestas sociales y su intensificación, recibiendo información de medios de inteligencia, mandos policiales y militares, así como en sesiones de Consejo de Ministros. Asimismo, fue informada del uso excesivo y letal de la fuerza por las fuerzas del orden, lo que resultó en muertes y lesiones», indicó el jurista.

«Además, participó en reuniones de Consejo de Seguridad de Defensa Nacional sobre el estado de emergencia, confirmando su conocimiento directo de la situación, por lo que se deduce que tenía conocimiento o debía saber sobre las violaciones de derechos humanos y las acciones de las fuerzas del orden en las protestas, así como también se valida en declaraciones de altos mandos y directores de inteligencia que confirmaron que Dina Boluarte recibía información sobre la situación social conflictiva durante su gestión», agregó.

Asimismo, se indicó que, en su calidad de presidenta, «tenía la autoridad para dirigir el sistema de defensa nacional y supervisar el empleo de las FF.AA. y la PNP, debiendo garantizar que actuaran dentro de la ley y respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos».

«Dina Boluarte, como presidenta, habría omitido tomar medidas dentro de sus competencias para evitar el uso desproporcionado y letal de la fuerza por parte de la Policía y las FF.AA. durante las protestas, pese a su deber de garante de la vida e integridad de la población y tener pleno conocimiento de estos hechos, según la denuncia constitucional del Ministerio Público», puntualizó Pineda.

En cuanto a los miembros de sus Gabinetes implicados en la denuncia, se señaló que «testigos» confirmaron que les «informaban sobre los hechos de las regiones», por lo que «tenían conocimiento de cómo se afectaban los derechos humanos, a través de informes oficiales de inteligencia, canales oficiales y medios de comunicación».