La propuesta, que ahora pasará al pleno para su debate final, también busca prohibir que personas sentenciadas puedan ejercer funciones públicas mediante designaciones de confianza, incluso 10 años después de haber sido rehabilitados.

Este proyecto de ley implicaría modificar los artículos 34-A, 39-B y el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución, cerrando el paso a quienes han cometido delitos que afectan gravemente al país. En palabras del dictamen, el objetivo es garantizar que el servicio público sea ocupado por personas que no representen un riesgo para el Estado y sus instituciones, reforzando la confianza ciudadana en la política y la administración pública.

De aprobarse, la normativa representaría un cambio trascendental en la Carta Magna. Por ejemplo, el artículo 34-A especificaría que aquellos condenados por delitos dolosos no podrán postular a cargos de elección popular si tienen una sentencia en primera instancia. En el caso de crímenes más graves como terrorismo o narcotráfico, el impedimento se extiende hasta 10 años después de que se haya declarado su rehabilitación.

Asimismo, el artículo 39-B complementa esta restricción al impedir que estas personas puedan ser designadas en cargos de confianza, cerrando cualquier posibilidad de regresar al aparato estatal. El inciso 22 del artículo 139, que regula la rehabilitación, también sería modificado para exceptuar a este grupo de delitos del pleno restablecimiento de derechos en materia de función pública.

Con esta propuesta, el Congreso parece trazar una línea definitiva entre el servicio público y aquellos que han atentado contra el país. Al igual que un candado reforzado, esta medida busca evitar que el pasado penal de ciertos individuos se convierta en una puerta abierta hacia la reincidencia o el abuso de poder.