Cambios y revelaciones en el caso Lava Jato.

La Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Lava Jato informó que la constructora y dos de sus ejecutivos admitieron su culpabilidad por delitos de corrupción en 11 proyectos, además de haber ofrecido información importante para los procesos penales en curso.

El Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, la Procuraduría Pública Ad Hoc del caso y la empresa peruana Obrainsa.

La Procuraduría informó que el 15 de noviembre, el juez Ubaldo Callo Deza, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, homologó el convenio, en el cual la constructora y dos de sus ejecutivos admiten su culpabilidad por delitos de corrupción en 11 proyectos de infraestructura. Asimismo, ofrecen valiosa información para los procesos penales en curso.

La empresa también reconoció que, como integrante del denominado «Club de la Construcción«, formó parte de varios concursos y licitaciones públicas, a fin de dar la apariencia de competencia.

Por todo ello, la sentencia ordena que Obrainsa deberá pagar al Estado peruano una reparación civil de más de S/ 81.8 millones en un plazo de 12 años. A ello se sumarán los intereses legales que se pagarán en una cuota adicional.

“Este es el cuarto acuerdo con una empresa que ha sido aprobado por la justicia peruana, en el marco del mega proceso Lava Jato», indicó Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el caso Lava Jato.

Con este acuerdo, Carrión señaló que el Estado empezará a cobrar la reparación civil de manera adelantada por los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Club de la Construcción’, los cuales involucran a los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala, y permitirá que estos procesos se fortalezcan.

Este convenio también establece la creación de un fideicomiso que garantice el pago de las cuotas de reparación civil, el cual será administrado por el Banco de la Nación o la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).

Además, incluye una cláusula que le prohíbe a Obrainsa iniciar procesos arbitrales, judiciales o administrativos contra el Estado en sede nacional o internacional, por los proyectos que forman parte del convenio.