Por: Abner Trujillo Romero

Con el advenimiento del siglo XXI, aparentemente los golpes de Estado quedaron en los anaqueles de la historia para América Latina; me refiero a los golpes militares y cívico-militares que vimos durante el siglo XX.

Pero los golpes de Estado no han desaparecido de la historia política de los países como actos de autoridad reflexivos, bruscos e ilegales, que, como sostiene Rivas Nieto (2005), se levantan contra la organización, el funcionamiento o las competencias de las autoridades constituidas, llevados a cabo por personas o grupos según un plan previo para tomar el poder, defenderlo, reforzar su posición o modificar la orientación política del país.

Por lo general, se cree que la naturaleza de los golpes de Estado radica en el uso de la violencia que irrumpe contra autoridades constituidas mediante rebeliones, insurgencias o guerra civil, pero eso no es cierto. Los golpes tienen la participación de ciertas instituciones que apenas necesitan de una dosis precisa y reducidísima de la fuerza. De allí que el principal carácter de este tipo de golpe de Estado no es la violencia, sino su ilegalidad. Es decir, los golpistas utilizan la fuerza de ciertas instituciones, conspirando ilegalmente para deponer autoridades constituidas.

Los golpes de Estado parlamentarios, también llamados golpes institucionales por Fabricio Pereira (2021), son los nuevos dilemas de las actuales democracias latinoamericanas. Se procesa por medio de interpretaciones distorsionadas de las instituciones, combinando estrategias institucionales con la movilización de sectores de la sociedad civil a través de los medios de comunicación oligopolizados.

Claro que un fenómeno de tanta actualidad puede generar controversia incluso dentro de la comunidad académica. Sin embargo, al transcurrir la distancia temporal, ya podemos afirmar con certeza que la deposición de autoridades legítimamente elegidas mediante procedimientos con apariencia institucional-legal, pero profundamente antidemocráticas, como lo ocurrido con Dilma Rousseff en Brasil (2016), Evo Morales en Bolivia (2019), Martín Vizcarra en el Perú (2020) y otros, es la prueba de que existe una nueva forma de golpe de Estado, donde los promotores, como antaño, conspiran y planifican el desafuero, recurriendo a la fuerza y respaldo de ciertas instituciones, como el Congreso, el Tribunal Constitucional y/o las Fuerzas Armadas.

Esta reflexión se hace más vigente y necesaria hoy en día en nuestro país por la alta polarización que nos mantiene en una crisis política insostenible. Desde este espacio advertimos que cierta oposición de derecha en el Congreso parece optar por el libreto del golpe parlamentario para destituir a un presidente legítimamente elegido. Más allá de si estamos de acuerdo o no con el gobierno, lo indiscutible es que las prácticas de una oposición de ese tipo destruyen institucionalidades democráticas porque recurren al abuso de su mayoría parlamentaria para subyugar lo legal y razonable, poniendo por delante aspiraciones e intereses subalternos.