Por: Christian Capuñay Reátegui

REFLEXIONES

De acuerdo con la proyección del Ejecutivo, la tasa de crecimiento de la economía nacional para el 2024 será de 3.2%, un avance si tomamos en cuenta que el 2023 terminamos en recesión.

No obstante, el Banco Mundial manifestó esta semana que el potencial de expansión del Perú es de 6% . Lograr esa meta, explicó, exige un conjunto de reformas de corto, mediano y largo plazo que permitan encender nuevos motores de la economía, y medidas orientadas a elevar la productividad, reducir las disparidades y mejorar la institucionalidad, deteriorada en los últimos años. Sin estos cambios estructurales, el Perú se convertiría en un país de renta alta recién en 64 años, mientras que con los cambios requeridos ese plazo podría reducirse a solo 20 años.

Es en ese punto donde la economía se conecta con la política. Porque las reformas planteadas deben diseñarse y tomar forma en el ámbito político. Surge entonces nuestra desgracia, porque es evidente que la política en el Perú, lejos de ser una solución, es nuestro principal problema.

Cualquier reforma relevante requiere en primer lugar un acuerdo político al cual deben arribar actores interesados en impulsar cambios sustantivos. Pero esa condición no se cumple en la actualidad porque el sistema político está dominado por acuerdos basados en intereses y favores, en lugar de soluciones a largo plazo. 

¿Podemos esperar reformas promovidas por partidos cuyos líderes están librando batallas no ideológicas sino judiciales? La respuesta cae por su propio peso.

Asimismo, impulsar reformas exige la presencia de grupos orgánicos y representativos capaces de aprobarlas y sostenerlas. Y en ese punto nuevamente la realidad nos muestra lo lejos que estamos de tal ideal. Al poco interés del Parlamento por promover acuerdos se suma su atomización, característica que dificulta lograr consensos en torno a temas complejos y que aumentarán en el próximo quinquenio.

Por esta razón, el fujimorismo merece una crítica. La mayoría absoluta de 73 congresistas que consiguió en las elecciones del 2016 le hubiera permitido concretar a discreción varias de las reformas que el país urgía,. Desgraciadamente, en vez de tomar ese camino, dicha organización decidió hacer todo lo que estuvo a su alcance para inaugurar el actual ciclo de inestabilidad que sufrimos.

Pese al avance económico de este año, el horizonte que enfrentamos es sombrío, y nada indica que el cambio esté a la vuelta de la esquina. La política peruana, presa de su propia mediocridad y cortoplacismo, parece incapaz de dar forma a los cambios que el país necesita para escapar de su estancamiento. Quizás el mayor aprendizaje radique en aceptar esta realidad y, desde ahí, plantear si la voluntad colectiva tiene aún fuerza para contradecir la inercia. De no ser así, el riesgo no es solo la inacción, sino también el estancamiento y el retroceso.