EXIGEN RENUNCIA DE GERENTE DE AUTODEMA

Tras el anuncio de la convocatoria internacional para la ejecución de la primera etapa del proyecto Majes Siguas, los damnificados de Quilca, Siguas y Lluta advirtieron que obstaculizarán el inicio de las obras si no se les asegura un resarcimiento.

Después de 30 años sin respuesta, exigen que funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) se comprometan a compensar sus pérdidas. De lo contrario, bloquearán cualquier trabajo en la zona.

«No vamos a permitir que se ejecute ningún trabajo en el valle de Siguas. Si corre sangre, tendrá que correr. No permitiremos que se repitan los atropellos a nuestra gente. Ya intervinieron en la primera etapa, pero más de 30 años después no resarcen los daños que ocasionaron. (…) El valle de Siguas es la piedra angular del proyecto Majes. No importa si tenemos que atrincherarnos para evitar que intervengan nuevamente», declaró Francisco Vera Pacheco, presidente del Frente de Defensa de los Pueblos Afectados por Majes Siguas I.

Los damnificados sostienen que, mientras desde la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) afirman que ya se adjudicaron tierras a los damnificados, la realidad es distinta. Según Vera Pacheco, el Ejecutivo regional solo compensó a aproximadamente 260 damnificados correspondientes a los años 1984-1990. Desde 1991 hasta la fecha, no se ha realizado ningún tipo de resarcimiento para los habitantes de Santa Rita de Siguas, Lluta, Quilca y Querque, quienes llevan años exigiendo justicia.

En este contexto, el Frente de Defensa busca una reunión con el titular del Midagri, Ángel Manero Campos, para exponer los «atropellos» cometidos por el GRA contra los damnificados. Según informaron, el resarcimiento requiere la aprobación de una ordenanza regional por parte del Consejo Regional de Arequipa (CRA). Esta normativa, que depende de un informe técnico-legal favorable de Autodema, podría poner fin a las medidas de fuerza anunciadas.

EXIGEN RENUNCIA

El pasado martes 17 de diciembre de 2024, los damnificados se reunieron con funcionarios de Autodema para establecer un cronograma para el informe técnico-legal necesario para el resarcimiento. Duberly Otazú García, gerente ejecutivo de Autodema, aseguró que el documento estaría listo en un plazo de 90 días. Sin embargo, los damnificados desmintieron esta afirmación y aclararon que nunca estuvieron de acuerdo con los plazos establecidos. En consecuencia, exigieron la renuncia de Otazú García.

«Rechazamos categóricamente la actitud del gerente de Autodema. Consideramos que debe dar un paso al costado. Hemos trabajado con el Consejo Regional para obtener una ordenanza que permita identificar y calificar a los damnificados. Sin embargo, los constantes cambios en las gerencias de Autodema han provocado la pérdida de informes. Ahora nos exigen nuevos informes, incluso con peritos. No necesitamos más informes, simplemente queremos que la ordenanza regional sea aprobada», expresó Francisco Vera Pacheco.

Los damnificados afirmaron que ya existen informes técnico-legales elaborados por administraciones anteriores, lo que convierte los 90 días propuestos en una maniobra dilatoria. Además, criticaron que Otazú García sugiriera determinar si el proyecto Majes Siguas generó daños, desconociendo los informes realizados hasta la fecha.