Ente de control verificó que funcionarios no acreditaron años de experiencia.

Un reciente informe de la Contraloría General de la República sacó a la luz irregularidades en las contrataciones de la Defensoría del Pueblo, evidenciando la designación de funcionarios vinculados al partido Alianza para el Progreso (APP) en altos cargos sin cumplir con los requisitos establecidos.

Este hallazgo plantea serias dudas sobre la transparencia y la meritocracia en la gestión pública.

El informe, emitido el 25 de febrero por un medio escrito, detalla que María del Carmen Olórtegui Risco, psicóloga de profesión y afiliada a APP desde julio de 2023, fue nombrada jefa de la Oficina Defensorial de La Libertad sin acreditar los cinco años de experiencia en la materia exigidos para el cargo.

Según la Contraloría, Olórtegui solo pudo demostrar cuatro años de experiencia, principalmente en docencia y psicología, áreas no directamente relacionadas con la defensa de derechos ciudadanos.

Por otro lado, Juan José Canales Durand, militante activo de APP desde 2018, fue designado el 24 de junio de 2024 como jefe de Gabinete de la Defensoría del Pueblo.

El cargo requiere cuatro años de experiencia específica, pero Canales solo acreditó tres años y 29 días, según el informe.

Además, la Contraloría señala que ambos procesos de selección carecieron de imparcialidad, lo que podría causar conflictos de interés y vulnerar la normativa de integridad y buen gobierno.

La Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo aprobó las hojas de vida de Olórtegui y Canales, a pesar de que no cumplían con los requisitos para sus cargos.

Asimismo, la Oficina de Asesoría Jurídica no realizó observaciones, permitiendo que ambas designaciones avanzaran sin contratiempos. Estas omisiones plantean interrogantes sobre la intención de favorecer a personas con vínculos partidarios.

Consultada sobre el informe, Olórtegui afirmó que no fue notificada por la Contraloría y, por lo tanto, se abstuvo de pronunciarse.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sostuvo que las evaluaciones las desarrollan órganos especializados de la Defensoría y que, si otra entidad opina lo contrario, sería necesario tener el documento para opinar, indicando que no posee la información en mención.