Las demandas que la Municipalidad de Lima ha entablado en Estados Unidos contra Brookfield, Odebrecht y Sigma, por los contratos corruptos de Susana Villarán, han pasado a una nueva etapa.

No solo porque el gobierno de Donald Trump esté investigando al estudio de abogados que patrocina a los socios de los peajes, sino porque hay casi 3 000 000 000 dólares en juego por la fundadora de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL).

En declaraciones a EXPRESO, el abogado de la MML, Martín de Luca, informó de las nuevas posibilidades para que el Estado peruano gane una batalla legal histórica.

“Eso puede llevar a una examinación más cercana de el tipo de clientes que tuvieron y el tipo de actividades en las cuales estuvieron involucrados ellos y los clientes”, indicó, respecto a la conducta de Andrew Weissmann, hombre clave del estudio jurídico Jenner & Block.

Weissman fue el fiscal norteamericano que firmó el acuerdo de colaboración con Odebrecht en diciembre de 2016. Esto ocurrió meses después de que Marcelo Odebrecht fuera condenado en Brasil, y vendiera la mayoría de sus acciones en Rutas de Lima a Brookfield.

“Pensemos cuál es la esencia del escándalo acá, del problema. Me declaro culpable que yo estafé a 70 personas y le saqué cien millones de dólares diciéndole que iba a mandar una nave espacial a Marte.

En mi declaración de culpable se va a establecer de que yo le robé a esas personas cien millones de dólares. Bien, esas personas son víctimas. Eso no se colocó en el contrato”, denuncia De Luca.