LUZ PACHECO ZERGA, PRESIDENTA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Por Rocío Velazco C. Foto: Jorge Esquivel Z.

La administración de justicia en Perú enfrenta obstáculos persistentes que impactan directamente en la vida de los ciudadanos. Desde la lentitud procesal hasta la falta de personal adecuado y las deficiencias en el sistema penitenciario, el clamor por una reforma profunda es constante.

En medio de este panorama, el Tribunal Constitucional (TC) se posiciona como un actor clave, no solo en la interpretación de la ley, sino también como impulsor y observador de los esfuerzos de reforma, precisó la doctora Luz Pacheco Zerga, presidenta del TC, quien en una entrevista con El Pueblo, dio a conocer una perspectiva detallada sobre los avances, retos y propuestas desde la institución, destacando el potencial de la tecnología y la necesidad de una mayor coordinación entre los diferentes poderes del Estado.

CRUDA REALIDAD: CARGA PROCESAL

Pacheco Zerga pintó un cuadro sombrío pero realista del volumen de trabajo que manejan los órganos de justicia en el país, incluyendo el propio Tribunal Constitucional. Uno de los problemas más acuciantes es, sin duda, la abrumadora carga procesal y la falta de recursos humanos para gestionarla eficientemente.

«Hay una carga procesal de 7 000 casos», reveló, refiriéndose específicamente a la situación en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la capacidad de resolución actual del TC es significativamente menor.

«Nuestra capacidad de resolución es 4 000 y algo [casos]», precisó, ilustrando la brecha existente entre el trabajo que ingresa y el que se puede despachar. La situación se complica aún más si se considera el flujo constante de nuevos casos. «Siempre hay una diferencia que además van a entrar 6 000 mil casos este año», añadió, subrayando que la entrada de nuevos expedientes supera con creces la capacidad de manejo.

Esta disparidad numérica lleva a una conclusión inevitable: «Estamos desbordados», afirmó la titular del TC.

Explicó que  la razón principal detrás de este desborde es la falta de personal suficiente. «Porque no tenemos gente suficiente», sentenció, identificando una carencia crítica que afecta a todo el sistema.

La falta de personal suficiente no es solo un problema de volumen, sino también de la calidad y estabilidad del empleo. Explicó que, para abordar esta situación, es fundamental «que sinceremos el cuadro de asignación de personal», lo que implica un análisis honesto de las necesidades reales. Pero el sinceramiento interno no basta si no se acompaña de un respaldo externo crucial, es decir el Ministerio de Economía y Finanzas, nos apruebe un nuevo y mayor presupuesto, más amplio», exigió.

Además de la cantidad, la forma de contratación también es un problema. La magistrada fue enfática al señalar que «la gente no puede estar contratada por una por una modalidad que no corresponde». Esta práctica, a menudo bajo la figura de locadores de servicios para labores permanentes, genera inestabilidad y precarización. «Si es locador de servicio que lo sea, pero si es un trabajador que va a ir todos los días al Tribunal con horario fijo, tiene que tener los beneficios laborales que correspondan», argumentó.

Esta situación de desborde y falta de recursos impacta directamente en la «falta de celeridad», el «principal problema de lo que es la administración de justicia». La lentitud no es exclusiva del TC, sino que se observa en todos los niveles del sistema, desde el Poder Judicial hasta la Fiscalía. Los retrasos en la tramitación de casos generan frustración, impunidad y erosionan la confianza ciudadana.

TECNOLOGÍA COMO ALIADA

Frente a este panorama desafiante, la implementación de herramientas tecnológicas emerge como una de las principales esperanzas para modernizar y agilizar la justicia. El Tribunal Constitucional, al igual que otras entidades del sector, está apostando fuertemente por la digitalización y la inteligencia artificial (IA).

«Estamos implementando el expediente electrónico», anunció la doctora Pacheco Zerga detallando una iniciativa clave para dejar atrás el manejo físico de los documentos.

El expediente electrónico tiene dos objetivos fundamentales: «Para que pueda ser más rápida la tramitación, por un lado, y más transparente», explicó.

La transparencia se lograría permitiendo un «acceso directo del usuario en su causa”, lo que le permitiría saber en qué estado está, y porqué se demora, quién la tiene», y evitar ambigüedades sobre la ubicación del expediente.

La inteligencia artificial representa otro salto cualitativo en la búsqueda de eficiencia. El TC está trabajando en ello, al igual que el Poder Judicial, con el objetivo de «estandarizar más alguno de los procesos». La IA no busca reemplazar a los operadores de justicia, sino complementarlos, especialmente en tareas que consumen mucho tiempo y esfuerzo humano, reiteró Pacheco.

La doctora ilustró el potencial de la IA con un ejemplo práctico. Al TC llegan expedientes voluminosos, a veces «ocho, nueve tomos», expedientes «larguísimos». La tarea de «bucear eso y sacar la información relevante tarda «, refiriéndose al tiempo que un asesor o magistrado debe dedicar a esta labor manual.

“Aquí es donde la IA puede marcar una gran diferencia, puede ayudar mucho la inteligencia artificial», señaló, sugiriendo que puede procesar grandes volúmenes de información de manera mucho más rápida.

«La inteligencia artificial, sube la información, lo hace ni en 5 minutos», comparó, destacando la velocidad asombrosa de la tecnología.

Además de la velocidad, la IA puede proporcionar un «lenguaje clarísimo» y una «información maravillosa». Sin embargo, la funcionaria fue muy clara sobre las limitaciones y el rol insustituible del ser humano.

«Siempre va a exigir que haya un asesor que tenga que revisar eso que ha ofrecido la inteligencia artificial para confrontar. La IA funciona como un «borrador», una herramienta de apoyo para acelerar el análisis inicial, pero la decisión final y la verificación de la información recaen en el profesional del derecho”, acotó.

La aplicación de la IA y el expediente electrónico no solo buscan agilizar la tramitación, sino también mejorar la oportunidad de justicia. Como mencionó la doctora, es inaceptable que un expediente se demore «3 años, 2 años» en el Tribunal, cuando son «causas que tienen que verse en meses». La lentitud priva a los ciudadanos de una justicia efectiva y a tiempo.

CONSENSO NECESARIO

La reforma de la justicia no depende de un único actor, sino de la acción coordinada de diversas instituciones: Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso, Policía, y el propio Tribunal Constitucional. Históricamente, la relación entre estos entes ha sido compleja, marcada a menudo por desconfianza o falta de articulación.

La presidenta del TC reconoció implícitamente esta tensión al referirse a un «divorcio que ha habido entre los diferentes entes de justicia», una división que, según algunos análisis, podría ser más de índole política que técnica. Sin embargo, mostró una visión esperanzadora, especialmente en lo que respecta a la acción policial.

Para que la eficacia policial se traduzca en resultados concretos en el sistema de justicia, es fundamental que otras instituciones también cumplan su rol. La Fiscalía, por ejemplo, debe «saber administrar la capacidad que le da la Constitución». Esto implica no solo investigar, sino también gestionar los casos de manera eficiente para que lleguen a las instancias judiciales con la solidez necesaria, detalló.

Además, abogó por un «mayor entendimiento» entre los diferentes poderes y órganos de justicia. Considera que «el ver los resultados» del trabajo coordinado puede ser un factor clave para construir confianza y superar las diferencias. Es decir, a medida que las instituciones demuestren su capacidad y obtengan logros concretos (como la policía capturando delincuentes), se sentarán las bases para una colaboración más fluida y efectiva.

La cooperación es vital para evitar la duplicidad de esfuerzos, como tener comisiones paralelas trabajando en temas similares, un riesgo que la doctora identificó al hablar de las propuestas de reforma provenientes del Ejecutivo y el Congreso. «Para no hacer dos trabajos paralelos, sino hacer uno», expresó, enfatizando la necesidad de unificar criterios y coordinar acciones para que la reforma avance de manera coherente y eficiente.